Antecedentes

El Ecuador suscribió y ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en marzo de 1990 y aprobó el "Plan Nacional de Acción para la Supervivencia, Protección, Desarrollo y Participación del Niño en el Decenio del 1990", en diciembre de 1991. En la nueva Constitución Política del Ecuador, que entró en vigencia en agosto de 1998, existen avances significados referidos a la protección integral de la niñez y adolescencia.

En la Constitución del Ecuador se establece la organización de un sistema nacional descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia y la existencia de un órgano rector, responsable de definir políticas hacia este sector. Así mismo, se establece la necesidad de que los gobiernos seccionales definan políticas locales para la niñez y adolescencia y destinen recursos para la implementación de programas en su beneficio. Esta instancia estatal rectora y responsable de la formulación y seguimiento de las políticas de niñez y adolescencia, denominada Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia ha sido creada mediante Decreto Ejecutivo en el presente año (1999) y es prematuro evaluar su eficacia.

Estos avances jurídicos no se han traducido, todavía, en políticas y programas de atención a la infancia, en la conformación de un aparato institucional que garantice el ejercicio de los derechos por la niñez y adolescencia y la posibilidad de exigirlos.

La situación de las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, sujetos de derechos, en edades comprendidas entre 0 y 18 años, contrasta con las normas establecidas en la nueva Constitución Política del Estado (1998) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1990). Como se comenta en los siguientes párrafos, los indicadores sobre la calidad de vida de las niñas y niños ecuatorianos indican que existen profundas limitaciones tanto del Estado como de la sociedad en la formulación y ejecución de políticas sostenibles de atención a la niñez y adolescencia.

Se han implementado programas que excepcionalmente perduran en el tiempo y si lo hacen son afectados por la crisis económica, las cambiantes decisiones de las autoridades o funcionarios públicos.

La actual institucionalidad, que tiene la responsabilidad de la ejecución de políticas básicas, de protección y de garantías es anacrónica y resistente a los cambios. En cuanto a la sociedad, ésta carece de conocimiento y conciencia sobre los derechos de la niñez y adolescencia, la necesidad de su cumplimiento y los mecanismos de exigibilidad existentes para su defensa y restitución.

El bienestar, las oportunidades para desarrollar sus potencialidades, y la calidad de vida de las niñas y niños del país no depende exclusivamente de la vitalidad y crecimiento de la economía, dependen de las condiciones de su entorno jurídico, político, institucional y social.

En el  ámbito estructural, son diversos los factores que configuran la situación de la niñez y su grado de bienestar. Entre otros, podemos citar los siguientes: la cultura política, los intereses de los diversos grupos económicos, la distribución del ingreso, la inversión en el sector social, costumbres y creencias, las relaciones sociales (entre hombres y mujeres, entre las diversas clases sociales, entre el  área urbana y rural y, entre las diversas etnias). A nivel familiar, las oportunidades de la población infantil para desarrollar sus potencialidades están condicionadas por la estructura familiar, el nivel de ingresos del hogar, el nivel de educación de sus progenitores, el lugar donde viven, la tradición cultural familiar y su sexo.

Población. Ecuador es un país multiétnico. Está conformado por una población culturalmente diversa y predominantemente joven y urbana, distribuida en cuatro regiones geográficas: la Sierra, la Costa, la Amazonía y las Islas Galápagos. De aproximadamente 12 millones de ciudadanos (1997) el 51% son mujeres; el 45% tiene menos de 17 años de edad y casi la mitad de la población (48%) tiene menos de veinte años. De este último grupo, más del 32% tiene menos de 9 años. Del total de la población, aproximadamente 3,800.000 pertenecen a alguna nacionalidad de las 12 existentes, y más del 45% de las personas viven en el  área rural.

La pobreza. En el país la riqueza se concentra en pocas personas, mientras la pobreza afecta a un 70% de las personas. Las  áreas rurales, las zonas altas y montañosas, las zonas selváticas de la Amazonía y de la Costa, y las zonas suburbanas de Quito y Guayaquil albergan a una alta proporción de las familias pobres e indigentes del país. Las personas más afectadas por la pobreza, en su mayoría, son indígenas, pequeños productores campesinos, mujeres jefas de hogar, trabajadores del sector informal urbano, y obviamente dentro de estos grupos las niñas y niños son los que ocupan el lugar inferior en la escala de pobreza. Como podemos observar, el nivel y la distribución de la pobreza están condicionados por el lugar de residencia, la condición étnica, el sexo, y la edad.

La causa de la pobreza de la población es la inequitativa distribución del ingreso, acentuada por las dificultades de crecimiento económico, la fragilidad e inestabilidad política e institucional, la marginación y el racismo de la que son víctimas los sectores indígenas, y las relaciones de subordinación entre las personas en razón de la edad, el género y condición social.

Educación y ciudadana. Las oportunidades de educación de la población dependen de su residencia, su condición étnica y su edad. Las generaciones actuales tienen acceso casi universal a la educación primaria (alrededor del 90%), sin embargo el sistema educativo es deficiente en infraestructura, calidad, distribución de profesores y en logros académicos. Del total de escuelas públicas, el 83% no tienen equipamiento ni condiciones sanitarias mínimas. En el campo, el 38% tienen un solo profesor/a para todos los grados. Un 50% de niños y niñas de cuarto y quinto grado no entienden lo que leen y sus destrezas en matemáticas son menos que aceptables. Además, en muchos casos, con el consentimiento de los padres, las niñas y niños suelen ser mal tratados (agredidos) por maestras y maestros.

La población indígena mantiene un déficit histórico en cuanto a la adquisición de destrezas mínima de escritura y lectura. Esta situación se mantiene por la frágil situación del sistema de educación bilingüe y por la precaria calidad de la educación en el área rural. Las niñas de todo el país, que asisten a la escuela al igual que los niños, en muchos casos en mayor número y con mejor rendimiento que los niños, aún deben enfrentar obstáculos culturales que se manifiestan en valores y prejuicios -generalmente relacionadas con su género y etnia- que inciden negativamente en el desarrollo de sus destrezas, aptitudes, opciones y oportunidades de aprendizaje.

El acceso a la enseñanza secundaria para la población mayor de doce años es sumamente limitada, sobre todo en el campo. Los colegios secundarios se concentran en los centros urbanos. En las  áreas rurales el transporte vehicular es muy poco frecuente y costoso. Así, más de un 70% de niñas y niños sólo pueden aspirar a finalizar la primaria y empezar a trabajar a los 10 y 12 años. Por la falta de opciones, por la percepción sobre la poca utilidad práctica de la educación primaria, y por la necesidad familiar de generar ingresos, los niños y niñas, entre los 10 y 12 años (especialmente los niños) abandonan la escuela.

En suma, el sistema educativo opera como una pirámide: conforme sube el nivel y la calidad existen menos y menos cupos para el ingreso de nuevos estudiantes. El sistema educativo ha favorecido a los sectores medios y altos y particularmente a aquellos de las ciudades. La educación en el Ecuador tiene que cambiar y mejorar mucho para garantizar un ambiente propicio, saludable y equitativo para estimular el desarrollo intelectual de las niñas y niños del país, y para hacer viable el desarrollo.

La salud de la ciudadana. El nivel de salud del que disfruta la población ecuatoriana es modesto. La salud de la población depende, en gran medida, de los servicios públicos. Los progresos de los años 70 se ven amenazadas por la crisis económica y política que vive el país desde el decenio pasado. La detención de la ampliación de los servicios de salud y el deterioro de los existentes, y el mayor empobrecimiento de la población, pone en mayor riesgo a los grupos menos favorecidos, especialmente a las mujeres y a las niñas y niños del campo. Como en la educación, las desigualdades más visibles en la salud son aquellas entre los habitantes de las ciudades y del campo, entre los grupos indígenas y la población blanco-mestiza, y entre los hombres y mujeres.

Una de cada tres comunidades rurales del país (35%) tiene un puesto de salud. De éstas, en las dos terceras partes (76%) no hay suficientes profesionales para atender a los pobladores; en los servicios restante la atención es esporádica y en muchos casos deplorable y maltratante sobre todo para las mujeres indígenas. El acceso a hospitales y centros de planificación familiar está concentrado en los centros urbanos y son deficientes por las dificultades financieras y de gestión. Estas características explican por qué la mitad de las mujeres del campo, especialmente la campesina e indígenas, no reciben atención de salud durante sus embarazos y partos.

Es enorme el abandono del campo en la provisión de servicios de saneamiento básico. Las mujeres, como las principales responsables del cuidado infantil y del trabajo doméstico, son las que más sufren por la falta de infraestructura sanitaria que es indispensable para prevenir enfermedades. La falta de agua por tubería afecta a la mayoría de hogares del campo (50% en la Sierra y 70% en la Costa) y al 30% de hogares urbanos. Solo el 25% de los hogares del campo tienen servicios higiénicos; en las ciudades este indicador llega al 86%. Los sistemas de alcantarillado o canalización son muy escasos, en especial en la Costa. Solo el 14% de la población rural accede a este servicio en comparación con el 69% de los asentamientos urbanos. En gran parte del campo (84%) los desechos y la basura se evacuan en terrenos y ríos. Estas prácticas contaminan el agua y el ambiente y aumentan los riesgos sanitarios.

La situación sanitaria de los hogares, la falta de servicios de salud, sumado a la situación económica de las familias explica por qué en el país alrededor del 67% de las niñas y niños del campo serrano y el 43% en el campo costeño sufren de desnutrición. La situación en las áreas suburbanas de las grandes ciudades es similar.

La mortalidad de las niñas y niños ha disminuido en las ultimas décadas. No hay evidencia de diferencias en la frecuencia de la muerte de niñas y varones. Persisten, sin embargo, una alta frecuencia de muertes y enfermedades prevenibles. La mayor causa de muerte de bebés (51 por cada mil nacidos vivos) se debe a carencias de las madres, a la falta de asistencia prenatal y a la asistencia inadecuada del parto. La falta de saneamiento básico es la causa del 35% de muertes y enfermedades infecciosas intestinales y respiratorias- de niñas y niños.

Otro problema de salud física y mental entre la población joven es el embarazo temprano. El embarazo aumenta los riesgos de salud y limita las oportunidades de desarrollo personal de las adolescentes. El embarazo es una carga excesiva para las adolescentes durante su desarrollo y las expone a una mayor probabilidad de muerte tanto a ellas como a los bebés. Es también el inicio de un ciclo de transmisión de vulnerabilidad sanitarias sociales y económicas de madres a hijas (Retratos de Mujeres; 1998). En años recientes, una quinta parte de las jóvenes entre 15 y 19 años (17%) eran madres o estaban embarazadas. Esta problemática se agrava porque el 95% de la población menor de 21 años que vive en zonas marginales no conoce sobre las enfermedades de transmisión sexual (Encuesta hecha por Plan internacional, 1999). Las dos terceras partes de las mujeres no usan anticonceptivos (67%), debido a creencias religiosas, a la oposición de su pareja, al temor a efectos colaterales, al costo de los insumos.

Finalmente, la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos no están protegidos por seguros de salud. Los sistemas de seguridad médica públicos y privados dejan de lado al 80% de la población. La cobertura del seguro médico es ligeramente mayor en el campo debido a la presencia reciente del Seguro Campesino. Los hogares indígenas son los que menos acceso tienen a estos servicios de previsión médica y de cuestionada calidad como se señala en los párrafos anteriores.

Las necesidades de salud y saneamiento de la población infantil y de las mujeres, así como el ejercicio de sus derechos como usuarias de servicios constituyen un urgente -pero hasta ahora silencioso- desafío para el sistema sanitario nacional.

En síntesis, existe la necesidad de priorizar las políticas básicas de protección y de garantías. Se han diseñado planes de acción consensuados y existen avances jurídicos significativos. Sin embargo, hasta el momento, no existe la estructura institucional para diseñar y ejecutar las políticas para la atención, protección y garantía de los derechos del 45% de ciudadanos y ciudadanas en edades comprendidas entre 0 y 18 años.

Plan Operativo de Acción 1999 - 2003

La aplicación de la nueva Constitución Política del Ecuador, que establece principios y normas favor de la niñez y adolescencia y que recoge los planteamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, constituye, de hoy en adelante, el eje fundamental del accionar institucional e interinstitucional de quienes trabajamos por el cumplimiento de los derechos de los niños.

Las propuestas de inclusión de estos derechos en la Constitución responden a un proceso desarrollado en los últimos años por un conjunto de instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y la activa participación de niños, niñas y adolescentes. Este proceso, incluye la firma del Acuerdo Nacional, realizado el 19 de junio de 1997, por los representantes de las tres Funciones del Estado, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el Prefecto de Pichincha y la Primera Dama de la Nación, en el marco de la Gira Democrática tica, llevada a cabo por los niños de nuestro país para lograr la vigencia y exigibilidad de sus derechos. Este Acuerdo Nacional, contempla la necesidad de impulsar una Agenda Unificada por la Niñez y Adolescencia que permita que todos trabajemos bajo objetivos nacionales, de manera articulada y bajo los principios e la descentralización y participación.

A partir de este compromiso, el Movimiento por los Derechos de los Niños, representado por el Foro Ecuatoriano Permanente de Organizaciones por y con los Niños, Niñas y Adolescentes, el Instituto Nacional del Niño y la Familia-INNFA, el Programa del Muchacho Trabajador del Banco Central-PMT, Defensa de los Niños Internacional-DNI Ecuador, Dirección Nacional de Protección de Menores-MBS, Plan Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y múltiples organizaciones públicas y privadas ubicadas en todas las provincias del país, hemos impulsado acciones tendientes a cumplir los compromisos asumidos en la Agenda Unificada.

Este nuevo marco de principios, conceptos y derechos contemporáneo, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y la nueva Constitución del Ecuador, nos compromete a todos: Gobernantes nacionales y locales; instituciones públicas, privadas, nacionales, internacionales; organizaciones sociales, iglesias, medios de comunicación, empresarios y trabajadores; familias; niños y población en general, a trabajar mancomunadamente a fin de cumplir y hacer cumplir los mandatos Constitucionales y hacer realidad la protección integral que los niños del país demandan.

Desde el Movimiento Social por los derechos de los niños, las Instituciones públicas y privadas, consideramos impostergable desarrollar el trabajo de los próximos años en favor de la infancia, en el marco de la Agenda Unificada. Por ésto, exigimos a los futuros gobernantes, impulsar, apoyar, y desarrollar la Agenda Unificada para concertar políticas, objetivos y metas, y así lograr la vigencia, exigibilidad y restitución de los derechos de niños y adolescentes del país, garantizándoles:

1. Una existencia digna.
2. Formación en los valores de convivencia, democracia, ciudadana activa.
3. Participación reconocida en la vida del país y en los escenarios donde transcurre su formación y socialización: la familia, la escuela, la calle, los lugares de trabajo, los lugares de recreación, el campo, la ciudad y demás espacios de interpelación con el mundo de los adultos.

Finalmente, frente a la difícil situación que vive el país, y dentro del contexto de la Agenda Unificada, presentamos a continuación un plan de acción para los siguientes cuatro años, que aborda aspectos de urgente atención.

Plan Operativo de Acción 1999 - 2003

Operativización de las acciones

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política garantizan derechos para los niños, niñas y adolescentes, bajo este contexto los espacios institucionales deben definir y re-definir sus estrategias con el fin de lograr una apertura para la socialización y concientización de estos derechos.

Promover espacios de gestión democrática de las instituciones basados en principios de participación ciudadana, equidad, concertación, actoría de niñas y niños, teniendo como paradigma la Doctrina de Protección Integral, el principio de interés superior del niño, la no-discriminación y el principio de niño sujeto de derechos y máxima prioridad.

Para el efecto se desarrollarán actividades y acciones tendientes a que la información y espacios de discusión y decisión de las instituciones que tienen que ver con el sector social y especialmente las que trabajan en el tema de infancia sean más democráticos, equitativos, participativos, paritarios, para lo cuál se prevé:

• Diseño y operativización de un proyecto de coordinación entre las diferentes instituciones de los sectores comprometidos por el bienestar de la infancia ecuatoriana.

• Fortalecer espacios de coordinación y alianzas estratégicas entre instituciones y actores sociales claves (organizaciones de base, iglesia, lideres barriales, etcétera), buscando la articulación institución-comunidad.

• Crear una base de datos y mapeo de instituciones y actores claves de los sectores participantes en el ámbito local.

• Desarrollo de programas que promuevan la democratización de las instituciones que trabajan con y por las niñas, niños y adolescentes.

Estas estrategias se trabajarán bajo los ejes y principios del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, a decir: Descentralización, Participación, Coordinación - Articulación Institucional, Rendición de Cuentas.

Estrategias de comunicación son vitales en todo tipo de proyecto social, especialmente en donde se necesita con mayor fuerza promocionar la participación social, el compromiso institucional, exigibilidad de derechos, conocimiento de demandas sociales, entrega de servicios, etcétera.

En este sentido el diseño de un componente comunicacional es clave en esta propuesta, la misma que cruza por todos los ejes, es decir será integral o integradora de todas las acciones que se desarrollarán en este plan.

Los objetivos de este componente son: la educación y formación para sensibilizar y concientizar a comunicadores sociales, en el tema de los Derechos de la niñez y adolescencia y fomentar el respeto de los medios de comunicación frente a las noticias relacionadas con los niñas y niños.

Esta estrategia, entre otras cosas, ayudará a la modificación de las relaciones adultos, niños, en los espacios de la vida cotidiana (escuela, comunidad, barrio, familia).

Para lo cual planteamos:

• La creación de una propuesta de Comunicación para consolidar la identidad del sector infancia, mediante establecimiento de redes de comunicación con medios formales y alternativos.

• Coordinar acciones con las Asociaciones de medios de comunicación para que incorporen el tema de la infancia como prioridad nacional.

• Diseño de un plan de capacitación sostenido, dirigido a los comunicadores sociales, que de a conocer los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución Política.

• Promover la eficiencia de la comunicación social sobre derechos, mediante el entrenamiento de periodistas, la modificación del pensum de estudio de facultades, creación de postgrados y realización de talleres sobre comunicación social de derechos.

• Reconocer a los profesionales de la comunicación que se hayan destacado en su labor periodística en beneficio de la niñez y adolescencia.

• Incentivar la investigación periodística en el tema de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

• Creación de un medio de información permanente sobre temas de infancia y sus derechos, con participación y auspicio de diversos actores.

• Diseño e implantación de espacios de involucramiento de la sociedad civil, empresas y gobierno en la difusión de los Derechos de la Niñez y adolescencia.

Estas acciones deben ser construidas en forma concertada entre profesionales e instituciones vinculados al sector infancia y de comunicadores sociales de diversos medios, teniendo como propósito central movilizar a la sociedad a favor de la niñez y adolescencia ecuatorianas.

Es necesario considerar que los espacios de la vida cotidiana de los niños son: la escuela, el barrio, la familia, y son en estos espacios en donde se desarrolla su vida y por lo tanto donde deben generarse procesos de participación para que sean escuchados, puedan opinar, expresen sus demandas, intereses e inquietudes.

Bajo esta premisa, la participación es una estrategia muy útil para que los niños, niñas y adolescentes desarrollen su vida emocional y física en un escenario en donde los adultos sean respetuosos de sus derechos. Esto posibilita generar espacios de comunicación fluida, armoniosa entre estos actores.

Lograr que la participación de niñas, niños y adolescentes sea efectiva y real es un gran reto de nuestras instituciones, para lo cual planteamos:

• Lograr mayor participación de niñas, niños y adolescentes a todo nivel, integrando a nuevos actores de la sociedad civil y Estado y que tengan representatividad en la nueva institucionalidad.

• Consolidar procesos de actoría de niños, niñas y adolescentes en los espacios de su vida cotidiana: familia, escuela, barrio ( gobiernos escolares, consejos estudiantiles y demás formas organizativas).

• Realizar campañas de sensibilización, a fin de concientizar a las instituciones para que la opinión del niño sea considerada y respetada en el diseño y aplicación de programas y proyectos sociales.
  
  

Para organizar el órgano rector de las políticas públicas de infancia, se requiere redefinir el rol del Estado en cuestiones de niñez y adolescencia, y rediseñar las instituciones que trabajan con este sector de la población a nivel nacional, provincial y local.

La Constitución de la República vigente, establece que dicho órgano será de carácter nacional y que se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil.

Tanto en el órgano rector como en las instituciones rediseñadas, se deberán crear canales y mecanismos de participación de la sociedad para la identificación de políticas como para el seguimiento de su ejecución.

Dicho organismo deberá tener poder político institucional para incidir en la definición de prioridades y políticas de los ministerios de Salud, Educación y demás entidades públicas vinculadas a la gestión de políticas dirigidas a la población infantil.

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y su órgano rector de políticas públicas, deberá basarse en los principios de la Constitución Política del Estado ecuatoriano, en los planes de acción consensuados elaborados en años anteriores con la participación de diversos actores sociales, y en la capacidad instalada disponible en el país relacionada con los servicios y programas destinados a la niñez y adolescencia.

La Política Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia debe ser parte de una propuesta de reforma social orientada a superar la pobreza, misma que incluye:

a) Políticas Sociales Básicas, de rango constitucional, son deber del Estado y derecho de todos. Son de carácter universal, lo que significa que incluyen a toda la niñez y adolescencia del país (salud, educación, recreación, medio ambiente). Las políticas sociales básicas requieren la asignación de recursos, el respaldo político y técnico a la planificación, la ejecución y evaluación de los programas de iniciativa ciudadana, una Nueva Institucionalidad¹, el control social, la desconcentración y descentralización de las estructuras de gestión y gerencia social, y una estructura institucional de coordinación y participación social.

b) Políticas de Atención Especial, dirigidas a aquellos sectores de la niñez que se encuentran en situación de riesgo permanente o temporal debido a la pobreza o a otros factores. Los programas derivados de este tipo de políticas se constituyen en programas focalizados para grupos específicos. (cuidado diario, apoyo y asistencia a la familia).

c) Políticas de Protección Especial para niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o están en riesgo de que se violen sus derechos (maltrato, tráfico de niños, trabajo infantil, explotación sexual a niñas, niños y adolescentes entre otros).

d) Políticas de Garantía de Derechos, diseñadas para poner en ejecución la legislación aprobada por el país sobre los derechos del niño y que contempla la acción de instituciones responsables de establecer normativas específicas, demandadas y controlar su cumplimiento (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Administración de Justicia, Defensoría del Educando).

e) Políticas de Participación, orientadas a garantizar el derecho de la niñez y adolescencia a participar activamente en su desarrollo en la vida nacional, y a ejercer plenamente sus derechos de libre expresión, asociación, pensamiento, conciencia y creencia religiosa (gobiernos escolares, consejos estudiantiles, grupos barriales).

Para lograr que el órgano rector del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia se ajuste al mandato constitucional y a lo planteado por la Doctrina de Protección Integral, se propone:

• Orientar el diseño de políticas públicas con los siguientes criterios: ser concertadas entre el Estado, los gobiernos locales y la sociedad civil; contar con la participación infantil y tender a la descentralización de programas y recursos.

• Asegurar que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sea el encargado de formular las políticas de garantía de derechos tomando en cuenta los siguientes principios:

- No discriminación.
- Interés superior de niñas, niños y adolescentes.
- Niñas, niños y adolescentes sujetos de derechos.
- Ciudadanía social de niñas, niños y adolescentes.
- Desarrollo integral de la niñez y adolescencia como prioridad nacional.
- Respeto a la diversidad etnocultural y de género.
- La familia como espacio vital del desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

• Tomar en cuenta los compromisos asumidos por el país en la Convención sobre los Derechos del Niño para la aplicación de las políticas y programas de atención y protección a la niñez y adolescencia.

• Desarrollar acciones que permitan monitorear la aplicación de los instrumentos internacionales legalmente suscritos por el Ecuador, en el marco del Derecho Internacional y propiciar la articulación a procesos regionales.

• Desarrollar un plan de seguimiento de compromisos institucionales.

• Promover la investigación sobre la problemática de infancia, desde la perspectiva de derechos y la difusión permanente de los indicadores sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes del país.
  
  

Para la ejecución de políticas públicas se partirá de la redefinición de funciones y ámbitos institucionales y territoriales, para articular acciones y ampliar la cobertura y calidad de los servicios de atención y protección a la niñez y adolescencia.

Con el propósito de optimizar el aprovechamiento de la capacidad instalada, se construirán o fortalecerán redes nacionales y locales de servicios de salud y educación, y redes de servicios para problemas de maltrato, tráfico, explotación sexual y laboral. Para el diseño, funcionamiento y control de estas redes, se promoverá la participación ciudadana y el involucramiento de los gobiernos y actores locales.

Es en el espacio local en donde se concretan las políticas, los objetivos y se logran los resultados, bajo esta premisa, las redes locales serán el eje articulador, coordinador y facilitador de los procesos de reconocimiento del niño como sujeto de derechos. Estas redes serán conformadas por actores claves sean éstas instituciones, organizaciones o personajes que trabajan a favor de la infancia.

Acciones principales:

• Diseñar un proyecto para la creación de las redes, que contenga criterios de selección geográfica, poblacional, situación de la infancia, institucional, organización comunitaria, etcétera. Con este diagnóstico se procederá a realizar un pilotaje en algunas localidades, con mecanismos de seguimiento y evaluación, con la finalidad de definir el modelo acorde a las necesidades, intereses y demandas propias de cada una de las localidades. Con esto cumplimos con principios de descentralización y desconcentración de la gestión.

• Impulsar la implantación de Redes Comunitarias de prevención, atención y garantía de derechos a través del diseño de un mapa organizacional a nivel local.
  
  

Estará encargado del seguimiento y monitoreo a las funciones y responsabilidades institucionales, bajo supervisión de un grupo técnico de seguimiento de políticas y programas.

Este sistema difundirá información sobre la situación de la infancia y retroalimentará las decisiones del órgano rector y las funciones del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.

La información servirá de insumo para formular y ejecutar propuestas de investigación sobre la situación de la niñez y adolescencia y el ejercicio de sus derechos.

Acciones:

• Definir indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en el cumplimiento de sus programas dirigidos a la población infantil.

• Fortalecer el Sistema de Información e Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, a nivel nacional y local, para que sirva de herramienta para el seguimiento y planificación de los programas de atención y protección infantil.

• Promover el uso de información a través de eventos de capacitación y difusión.

• Propiciar la integración a redes y otras propuestas tecnológicas que permitan acceder a la información disponible a través de los sistemas de información sobre infancia.
  
  

Estructuración del Sistema de Administración de Justicia -para la niñez y adolescencia- al interior de la Función Judicial, y creación de organos administrativos para la protección y garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia. En el sistema deberán participar representantes de la sociedad civil. El propósito es resolver asuntos cotidianos relacionados, por ejemplo, con casos de maltrato, exclusión injustificada del sistema escolar, entre otros.

En los niveles locales se conformarán, progresivamente, órganos administrativos de exigibilidad de derechos para promoverlos y actuar en la mediación y resolución de conflictos.

Los mecanismos de exigibilidad de derechos estarán dados por un órgano local autónomo, representativo, paritario y permanente, no jurisdiccional que en ejercicio de una potestad pública adopta medidas administrativas para la defensa y exigibilidad del cumplimiento y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Será de competencia del órgano de exigibilidad de derechos la garantía, defensa, promoción, vigilancia y exigencia de derechos, con una visión integral e indivisible. Brindará asesoría y orientación sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes y los mecanismos de exigibilidad, tanto para su vigencia como para su restitución.

Utilizará métodos no judiciales para la resolución de casos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo o hayan sido violentados en sus derechos. Para el efecto, se apoyará en los servicios de atención especializada, públicos o privados, de cada localidad (atención médica, psicológica, legal, social, etcétera).

Previa a la conformación de mecanismos de exigibilidad de derechos, se recomienda:

• Realizar un estudio comparado de los modelos de órganos de exigibilidad de derechos de otros países, que sirvan de base para el análisis y la elaboración del modelo ecuatoriano.

• Abrir un proceso consultivo, destacando el rol de los municipios.

• Realizar reuniones con los personeros municipales para informarles, motivarles e incorporarlos en el proceso de elaboración conjunta de un modelo nacional y modelos locales de mecanismos de exigibilidad de derechos.

• Realizar propuestas de reforma constitucional y legal, que doten de un marco legal propicio a dichos órganos de exigibilidad de derechos.

• Constituir formalmente una Comisión Interinstitucional responsable de conducir el proceso.

• Consolidar una política de alianzas y acuerdos con otros sectores sociales que estén trabajando en propuestas de reforma legal e institucional: mujeres, etnias, etcétera.

• Articular los procesos de reforma legal y constitucional con los procesos de descentralización y empoderamiento de la población a nivel local.
  
  

Existen oportunidades que debemos aprovechar como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año de 1990 por parte del Estado ecuatoriano y la Constitución Política vigente en la que se reconocen y aseguran garantías a niños, niñas y adolescentes.

Al ser la Convención un instrumento internacional de aplicación de los Derechos de los Niños, reconocida a nivel mundial por todos los países, a excepción de EEUU y Somalia, nuevas corrientes de pensamiento se han desarrollado en los países latinoamericanos; conocer estas experiencias, intercambiar información, retroalimentar conocimientos, es básico para enriquecer las propuestas que se generan en el ámbito nacional.

En este sentido, creemos importante que nuestro país se articule a movimientos y procesos regionales a favor de los derechos humanos de los niños, esto posibilitará potenciar nuestras capacidades, ampliar nuestros conocimientos, aportar y desarrollar nuevas estrategias de acción.

Para lograr esto se desarrollarán las siguientes acciones:

• Incentivar un encuentro regional de organizaciones a nivel regional que trabajan en el tema de niñez y adolescencia.

• Convocar a un Congreso Latinoamericano de niños, niñas y adolescentes para conocer experiencias, demandas, intereses de los niños de cada país en torno a temas de infancia.

• Formar un equipo regional que realice un seguimiento, monitoreo del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en sus países y el ámbito regional.

• Fortalecer los 28 Comités de Gestión Local para la implantación de los Sistemas Locales de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, según lo planteado en la Constitución Política del Estado y este Plan Operativo.

• Utilizar la tecnología informática para intercambiar información: diseñar una página web, para socializar y alimentar información con los países de la región.
  
  

En cumplimiento del mandato constitucional, durante el primer semestre del presente año, se realizó una Consulta Nacional a fin de construir colectivamente la nueva Ley de Niñez y Adolescencia, con participación de los diferentes actores políticos y sociales.

Esta nueva ley, que actualmente se encuentra en proceso de construcción, pretende superar las limitaciones del anterior Código de Menores, e incorpora los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución ecuatoriana y la Doctrina de Protección Integral.

Con la plena vigencia de la nueva legislación, ésto es cuando el Congreso Nacional la apruebe y sea publicada en el Registro Oficial, es necesario emprender un proceso sistemático y amplio de educación ciudadana y comunicación sobre los objetivos, contenidos, alcances y principios de la nueva Ley, ya que ésto permitirá que la población se apropie del tema y vele por el cumplimiento de la nueva ley.

Además, es necesario impulsar procesos sostenidos de difusión, capacitación y entrenamiento a todos los sectores y profesionales involucrados, para que su aplicación sea efectiva.

Para lograr esto planteamos estrategias de comunicación y difusión y acciones de capacitación y entrenamiento, mediante las siguientes acciones:

• Diseño de un plan de difusión a nivel nacional y local.

• Coordinación con las Universidades del país con el fin de iniciar procesos de capacitación a estudiantes en la Ley de la Niñez y Adolescencia.

• Acuerdos con los Colegios de Abogados para difundir y capacitar en los fundamentos, principios y aplicación de la Ley.

• Capacitar a distintos profesionales que estén involucrados en los temas de infancia: periodistas, trabajadores sociales, médicos, sociólogos, maestros.

• Capacitar a los operadores de la ley en los principios, fundamentos y aplicabilidad de la ley.
  
  

Para la evaluación, seguimiento y ajuste de este Plan Operativo, se deberá organizar una Comisión permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual estará integrada paritaria y descentralizadamente, por representantes del Estado y la sociedad civil involucrada en este plan.

La Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá coordinar sus acciones con los restantes integrantes del Plan Operativo de Derechos Humanos; elaborar los cronogramas de actividades respectivos, así como los mecanismos de financiamiento e indicadores de gastos y resultados, entre otros.

Además, para el primer trimestre del año 2002, esta Comisión deberá preparar un documento que resuma las acciones en marcha y/o concluidas del Plan Operativo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Este documento deberá formar parte del Plan Nacional de Derechos Humanos. Resultados 2003, que los actores involucrados, tanto del Estado y la sociedad civil, deberán dar a conocer al país.

Bibliografía

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Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, "Defensorías de la Niñez y Adolescencia". (Informe Final sobre la Defensorías de la Niñez y Adolescencia, 19, 20, 21 de junio de 1997).

Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, Defensa de los Niños Internacional, DNI, "Construyendo una vida mejor para la niñez", 1998.

Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, Ministerio de Bienestar Social, MBS, PROJUSTICIA, FORO, H.Congreso Nacional, "Consulta Nacional. Hacia una nueva Ley para niñas, niños y adolescentes", 1999.

Notas

¹ Institucionalidad es el conjunto de instituciones y entidades que tienen a su cargo la formulación de políticas públicas, la prestación de servicios públicos, la administración de justicia, la legislación y la representación del poder público para la toma de decisiones nacionales y locales en lo concerniente a la formación, cuidado y satisfacción de necesidades de los niños, niñas y adolescentes del país, y en lo relacionado con la vigencia, ejercicio y exigibilidad de sus derechos en la sociedad. Debe estar basada en: políticas públicas concertadas; un Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; armonía con los procesos de desconcentración y descentralización institucional del país; y, el impulso a la participación de nuevos actores sociales.

© Asociación Americana de Juristas, AAJ - Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Tercera edición enero 2000. ISBN 9978-94-014-2 Plan Operativo de Derechos Humanos. Derechos de autor: 013063

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