Una garantía normativa importante en el sistema jurídico español
está constituida por la firma y ratificación por parte del Estado español, el 20 de Abril de 1984 del Protocolo Adicional nº 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de Abril de 1983.
En cuanto que derecho fundamental goza además de todas las garantías institucionales internas reconocidas en el sistema jurídico español, a las que hemos hecho referencia en la parte general dentro del apartado de las garantías internas institucionales de los Derechos Humanos.