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D. Garantías en el sistema jurídico español
Entre las garantías normativas figuran como especialmente relevante el reconocimiento en la Constitución de 1978 del derecho a la igualdad. El artículo 14 establece al respecto:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento...o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El artículo 139.1., por su parte, establece:

Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

El artículo 50 hace referencia expresa a los derechos de los ancianos:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Otras disposiciones importantes son, entre otras, las siguientes:

También en España y por orden del R.D. 727/88 del 20 de julio se crea el Ministerio de Asuntos Sociales que tiene como uno de sus objetivos fundamentales el brindar protección a los mayores de 65 años, coordinar esfuerzos y actuaciones entre la Administración Pública y Asociaciones para la Tercera Edad, a través del Plan Gerontológico.

De este Ministerio depende el Instituto Nacional de Servicios Sociales, INSERSO, que entre otras actividades fomenta la creación de Centros de día, de nuevas Residencias, también lleva adelante Programas como el de Vacaciones para la Tercera Edad.

Las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva en Bienestar y Servicios Sociales lo que les permite adecuar y agilizar el desarrollo de los servicios sociales, según las necesidades de cada Comunidad.

En el sistema jurídico español es destacar también la labor realizada por el Defensor del Pueblo tanto en su labor de asesoramiento y respuesta a las consultas y denuncias a él planteadas, como la labor de denuncia y recomendaciones a los poderes públicos planteadas en su Informe Anual presentado ante el Congreso de los Diputados.

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