Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio.
Además de las garantías normativas, especialmente las garantías constitucionales, son importantes la garantías institucionales orgánicas, tanto las jurisdiccionales como las no jurisdiccionales. Entre estas últimas destaca la labor desempeñada por el Ombudsman.