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Antecedentes
Según proyecciones del INEC1 para 1999, las mujeres
constituyen el 50.3 % de la población total del Ecuador.
En nuestro país las mujeres
tradicionalmente han asumido múltiples roles aportando al desarrollo
productivo, además de aquellos relacionados especialmente con su
responsabilidad reproductiva y los quehaceres domésticos, lo que ha limitado
su acceso a los recursos con las mismas oportunidades que el otro sexo.
En Ecuador, la pobreza alcanza al
52% de la población y según datos del Banco Mundial2, de ésta el 35% de personas están
bajo la línea de pobreza y el 15% es indigente. Esta situación impacta
diferenciadamente y en mayor proporción en el sector rural, a las mujeres, a
las niñas, niños y a los ancianos de ambos sexos.
La crisis económica gravita además
en las jefas de hogar urbanas y rurales, que han asumido esta responsabilidad
- entre otros motivos - por la constante migración masculina, señalándose
índices de hasta el 27% de hogares con jefatura femenina3. En Ecuador y América Latina a
esta situación se la denomina "feminización de la pobreza".
La economía se mueve en dos
ámbitos, la de la producción y la del cuidado y bienestar de las personas.
Mientras que la primera es remunerada y se contabiliza en las arcas fiscales,
la segunda ni se remunera, ni se contabiliza, pero es realizada esencialmente
por mujeres4.
En Ecuador, en general los
principios de la Constitución y los convenios internacionales respecto de la
igualdad de derechos y oportunidades no se cumplen para las mujeres,
particularmente en la definición de políticas públicas que carecen de
perspectiva de género y muy en especial, del reconocimiento de la expresión
cultural de la mujer indígena, en la práctica de la administración de
justicia, en los fundamentos y contenidos de leyes secundarias como las del
área penal, cuyas normas son aún caducas y discriminatorias, lesionando el
eficaz ejercicio de los derechos humanos de las mujeres ecuatorianas.
A pesar de estas condiciones
adversas, debido a la presencia y trabajo del movimiento social de mujeres,
se han logrado algunos avances en los últimos años, sobre todo en reformas
legales que reconocen y garantizan la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres frente a la ley. Sin embargo los avances no han sido
suficientes, pues aún persisten estructuras y prácticas discriminatorias y
violentas que atentan contra los más elementales derechos humanos de las
mujeres, así, estadísticas oficiales obtenidas desde las Comisarías de la
Mujer y la Familia, indican que de ellas ocho de cada diez, sufren algún tipo
de violencia física, psicológica y/o sexual, lo que afecta directamente su
adecuado desarrollo personal.
Siguiendo con ejemplos, cabe
mencionar que las políticas de recorte presupuestario para lo social, reducen
cada vez más la posibilidad de ofrecer una atención de calidad a las mujeres,
especialmente en su salud sexual y reproductiva; además, la educación formal
y no formal mantiene y reproduce permanentemente una ideología
discriminatoria y excluyente que contribuye a reforzar una cultura machista y
violenta.
Los medios de comunicación que
deberían responder con responsabilidad, debido al papel social y de servicio
público que desempeñan en la construcción de la democracia, el
fortalecimiento de la ciudadanía, la paz y la justicia, mantienen prácticas
lesivas a la dignidad de las mujeres, niñas, niños y grupos minoritarios,
traduciéndose estas en la discriminación en el acceso y control de los
medios, lenguaje sexista y violencia, desconocimiento e insensibilidad en el
enfoque de género de comunicadores y comunicadoras, y la omisión sobre el
protagonismo de las mujeres.
En cuanto a la participación
política, hay una débil representatividad de las mujeres en cargos de
decisión. Su presencia es secundaria - especialmente en la conformación de
candidaturas para elecciones pluripersonales-, y sus demandas específicas son
indiferentes a los partidos políticos aunque parecieran estar reflejadas en
sus discursos de campaña. Aunque sean mayoritariamente ellas quienes
participan en la política partidaria comunal y de base, sean incansables
organizadoras y promotoras, su representación en los organismos internos de
los partidos y movimientos, es mínima. Es aún más relevante la ausencia de la
participación de la mujer indígena, en estos espacios.
Por lo expuesto, como parte
fundamental de la sociedad civil, las mujeres organizadas hemos considerado
oportuno incluir a varias organizaciones civiles en las actividades previstas
para este Plan, procurando que esta participación sea lo más amplia posible,
de manera que podamos traspasar las fronteras en las esferas que toman
decisiones, incidiendo positivamente en todos los ámbitos del quehacer
público y privado, posibilitando así a las mujeres el ejercicio de sus
derechos humanos.
La Constitución de 1998 en la que
se establecen de manera general, pero obligatoria, algunas conquistas
largamente perseguidas por las mujeres, sienta las bases para cambios en
nuestra situación, al menos desde la estructura constitucional. Creemos útil
y necesario que se vayan concretando postulados como los de la Constitución y
de las diversas conferencias y acuerdos internacionales y se logren las
transformaciones substanciales en la condición y situación de las mujeres
ecuatorianas.
Debemos hacer de esta Carta
Política, un instrumento de ejercicio pleno de nuestros derechos. La puesta
en marcha del siguiente Plan, que toma como suyos los postulados de la
Constitución de 1998, es posible que sea uno de los múltiples pasos para
conseguir la equidad de género
Plan Operativo de Acción 1999 - 2003
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Objetivos
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Resultados
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Acciones
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Contribuir a la igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos en general, tomando en
cuenta las diversidades y los derechos específicos de cada uno de los
sectores sociales, entendiéndose como partes de un todo,
institucionalizando políticas nacionales y locales con enfoque de género en
las diversas instancias públicas y privadas.
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Mujeres mejorando el ejercicio
pleno y eficaz de sus derechos humanos gracias a la aplicación de políticas
nacionales y locales, diseñadas con enfoque de género e incidiendo en
programas y acciones en pro de su calidad de vida; Comisión de Vigilancia
de los Derechos Humanos de las Mujeres, conformada y aplicando mecanismos
para la exigibilidad del Plan; y, un Comité Técnico Asesor con enfoque de
género (CTA), por cada uno de los objetivos del Plan, conformado y
trabajando en el cumplimiento de los objetivos.
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1.1 Participar en el diseño,
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de nuevas políticas públicas
nacionales y locales, dirigidas a mejorar la posición y condición de las
mujeres ecuatorianas; y, revisar la inserción del enfoque de género en las
existentes.
1.2 Creación de una Comisión de
Vigilancia del respeto y del ejercicio de los Derechos Humanos de las
Mujeres, con carácter permanente que abarque los sectores urbanos,
urbano-marginales y rurales.
1.3 Creación de Comités Técnicos
Asesores con enfoque de género, con la intervención del Consejo Nacional de
las Mujeres, CONAMU, y el Movimiento de Mujeres Ecuatoriano, MME.
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Incidir desde el MME y el CONAMU,
en el sistema jurídico ecuatoriano, con el fin de que tanto en su
normativa, como en la administración de justicia y formación profesional,
se incorporen criterios humanistas con enfoque de género.
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Sistema jurídico ecuatoriano
funcionando con enfoque de género y permitiendo una administración de
justicia que atienda las necesidades e intereses de las mujeres, con normas
internacionales asimiladas e incorporadas a legislación nacional.
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2.1 Revisión, reforma y
cumplimiento de la legislación ecuatoriana, e impulso de reformas legales
para la aplicación de los convenios internacionales que atañen a la mujer.
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Promover y garantizar la
participación equitativa e incluyente de las mujeres en la toma de
decisiones en los procesos políticos de toda índole. Así como el acceso a
los puestos de dirección, en el ámbito público y privado, en la
administración de justicia, los órganos de control y autómos.
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Un 20% mínimo de mujeres, de
todos los orígenes culturales, participando en candidaturas en procesos de
elección popular; y ocupando cargos en instancias de dirección y decisión
en el ámbito público y privado.
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3.1 Nombramiento de funcionarios
en cargos de dirección del gobierno central y gobiernos seccionales; de
organismos de dirección y control públicos y privados; de la administración
de justicia, las entidades autónomas, procurando una distribución
equitativa de hombres y mujeres en dichos puestos.
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Garantizar el derecho sin discriminación,
de las mujeres a la comunicación, información, acceso y control a los
medios de comunicación, estableciendo relaciones equitativas y respetuosas
de mujeres y hombres.
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Mujeres ejerciendo su derecho a
la comunicación sin discriminación de ningún tipo. Disminución progresiva
de violencia de género en medios de comunicación, así como de imágenes
estereotipadas de mujeres y hombres.
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4.1 Participación de las mujeres
y los organismos que trabajan en comunicación con enfoque de género, en la
producción, difusión, monitoreo y control de los mensajes emitidos por los
medios de comunicación, para que se cumplan los principios de respeto a la
dignidad de las mujeres y los hombres.
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Operativización
de las acciones
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1.1 Participar en el diseño,
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de nuevas políticas
públicas nacionales y locales, dirigidas a mejorar la posición y condición
de las mujeres ecuatorianas; y, revisar la inserción del enfoque de género
en las existentes
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El Movimiento de Mujeres
Ecuatoriano, MME, en coordinación con el Consejo Nacional de las Mujeres,
CONAMU y/o las instituciones estatales o gubernativas competentes, organizará
equipos técnicos representativos que actuarán como responsables de la
aplicación de estrategias de negociación suficientes, para la puesta en
marcha de las siguientes actividades:
- Elaboración de estrategias
que aseguren la participación de los equipos representativos
responsables de la institucionalización del enfoque de género (Comité
Técnico Asesor con enfoque de género, CTA) en el diseño, elaboración,
ejecución y evaluación de políticas nacionales y locales.
- Participación activa a través
del CTA, en la concepción de políticas públicas, en coordinación con el
sistema nacional de planificación, velando por la obligatoria inserción
del enfoque de género en las mismas.
- Buscar y brindar soporte
técnico y financiero para el seguimiento y evaluación de las políticas
específicas que aseguren el ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres.
El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, convocarán a las
diferentes expresiones organizativas de las mujeres, para generar su activa
participación en la planificación y revisión de políticas nacionales y
locales de género, a través de mesas de trabajo, comités de consulta por ejes
temáticos, foros, o cualquier otro sistema que cuente con la suficiente
representatividad étnica, cultural, etárea y regional.
El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, abrirán espacios locales
en los cuales se pueda hacer un seguimiento directo sobre los resultados en
la inserción del enfoque de género en las políticas locales, evidenciando y
aplicando los correctivos necesarios en caso de que se omita su ejecución.
Los actores involucrados en el
diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de estas políticas
públicas son:
- Por el Estado: el Consejo
Nacional de las Mujeres, CONAMU, o el organismo que cumpla las funciones
de éste según el Artículo 41 de la Constitución de 1998, en su calidad
de responsable de elaborar e impulsar las políticas públicas con enfoque
de género en las instituciones del Estado; los órganos de planificación
centrales y locales, de manera especial el sistema nacional de
planificación, la administración de justicia y organismos de seguridad
interna y externa, de control estatal; y, el Congreso Nacional,
especialmente la Comisión de la Mujer.
- Por la sociedad civil: las
mujeres en general y en particular el movimiento social de mujeres a
través de sus diferentes expresiones nacionales tales como: Coordinadora
Política de Mujeres Ecuatorianas, Foro Permanente de Mujeres
Ecuatorianas, Mujeres por la Autonomía, Coordinadora de Mujeres
Populares, Frente Democrático de Mujeres, Red de Mujeres y todas
aquellas organizaciones privadas de carácter nacional, regional y local
que trabajen con enfoque de género.
Esta participación incorporará a
las distintas iglesias, entidades de educación básica y superior, la empresa
privada, representaciones de cooperación internacional, y otras expresiones
de la sociedad civil organizada.
Se considera que los medios de
comunicación social constituyen un actor fundamental para la difusión,
aplicación y seguimiento de las políticas producto de la aplicación de este
Plan.
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1.2 Creación de una Comisión de
Vigilancia del respeto y del ejercicio de los Derechos Humanos de las
Mujeres, con carácter permanente que abarque los sectores urbanos,
urbano-marginales y rurales
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Para que las políticas
establecidas en este Plan se lleven a efecto, se ha considerado crear una
"Comisión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Mujeres"
(CVDM), integrada por:
- Una representante del
directorio del Consejo Nacional de las Mujeres y/o las instituciones
estatales o gubernativas competentes.
- Una representante del Consejo
Nacional de Mujeres Indígenas y Negras.
- Una representante del MME.
- Una delegada de las ONG's de
mujeres.
- Un delegado de la Dirección
de Derechos Humanos de la Cancillería.
- La presidenta de la Comisión
de la Mujer del Congreso Nacional.
- El presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso.
- Un representante de la
Federación de Derechos Humanos del Ecuador.
- El Defensor del Pueblo.
- Una representante de la Defensoría
del Pueblo Adjunta de la Mujer.
El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, convocarán la creación y
funcionamiento de esta Comisión, la misma que tendrá el carácter de
permanente, evaluando el cumplimiento de este Plan, cada dos años, para los
ajustes correspondientes.
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1.3 Creación de Comités Técnicos
Asesores con enfoque de género, con la intervención del Consejo Nacional de
las Mujeres, CONAMU, y el Movimiento de Mujeres Ecuatoriano, MME
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Para que las políticas
establecidas en este Plan se lleven a efecto, con la intervención del CONAMU
y el MME se ha considerado el crear los "Comités Técnicos Asesores con
enfoque de género, CTA, que se integrarán por:
- Una representante del
directorio del Consejo Nacional de las Mujeres.
- Una representante del MME.
- Una delegada de la Comisión
de la Mujer del Congreso Nacional.
El MME y el CONAMU, organizarán el
funcionamiento de esta Comisión, la misma que tendrá el carácter de
permanente.
Señalamiento de las políticas
específicas que permitirán el ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres
a) Políticas de producción y
empleo
Objetivo: garantizar el derecho de
las mujeres a una mejor calidad de vida, con el acceso y control a recursos económicos,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Acciones:
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, a través de
comisiones los CTA, promoverán espacios de participación en el frente
económico y el frente social del Estado, con la finalidad de asesorar
técnicamente en la incorporación de la perspectiva de género en los
planes y programas de estas instancias. Particular énfasis se pondrá en
el cumplimiento del Capítulo 4, Título "De los derechos económicos,
sociales y culturales" de la Constitución vigente.
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, a través de
comisiones los CTA, impulsarán el incremento y la redistribución del
ingreso permitiendo el acceso de hombres y mujeres a los beneficios de
la riqueza y el desarrollo, en igualdad de oportunidades.
- El MME, y el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, propondrán a los
organismos de cooperación, las instituciones financieras y organismos de
desarrollo nacional y local, -desde sus distintos niveles de injerencia-
que definan en sus políticas internas, la creación de fuentes de trabajo
y fondos de crédito dirigidos especialmente a mujeres, tomando en
consideración sus particulares condiciones de vida. Se pedirá especial
atención para las mujeres jefas de hogar, y las que tengan algún tipo de
discapacidad.
- Se elaborará una estrategia
práctica de asistencia técnica, capacitación y de intercambio de
experiencias nacionales y extranjeras, de programas o proyectos que han
incidido en el mejoramiento de la incorporación de las mujeres al
trabajo, para procurar la transferencia de estrategias y metodologías.
- La Comisión de Vigilancia de
los Derechos Humanos de las Mujeres, velará especialmente por el cumplimiento
de los artículos 34 y 36 de la Constitución de 1998.
Resultados:
- Disminución de las tasas
actuales de desempleo femenino.
- Mayor número mujeres
demandado a través de diversas instancias públicas y privadas de
desarrollo, capacitación en líneas que faciliten el acceso a fuentes de
trabajo y formación empresarial que mejoren la generación de ingresos.
- Mayor número de mujeres
accediendo al trabajo en mejores condiciones de vida, que atiendan a sus
necesidades específicas.
- Mayor número de trabajadoras percibiendo
idéntica remuneración por trabajo de igual valor que el del hombre.
- CONAMU y MME impulsando las
demandas de género desde las instancias estatales.
- Mujeres sujetos de crédito y
administrando sus recursos.
Actores involucrados:
· Por el Estado: Además de los
mencionados, el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos; el Frente
Económico, INEC, el Ministerio de Bienestar Social, instituciones del Estado
que tengan competencia, y los gobiernos locales.
b) Políticas de educación
Objetivo: Asegurar a las mujeres y
hombres igualdad de acceso a una educación no sexista ni discriminatoria que
los prepare para el ejercicio pleno de sus derechos como personas.
Acciones:
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, promoverán espacios
de participación en el frente social del Estado particularmente a través
de las CTA, en el Ministerio de Educación y sus delegaciones regionales,
para impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los planes
y programas del sistema educativo.
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, llevarán a cabo
programas sostenidos de sensibilización y capacitación, a los actuales y
futuros profesores y capacitadores de ambos sexos, sobre la importancia
de la formulación y desarrollo de una educación humanista, científica y
equitativa para hombres y mujeres.
- El MME, y el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, velarán a través de
la Comisión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Mujeres, por el
cumplimiento de la Sección Octava, artículos 66 al 79 de la Constitución
vigente.
Resultados:
- Planes y programas del
sistema educativo formal y no formal, con perspectiva de género.
- Maestros y capacitadores en
general, impulsando desde sus prácticas cotidianas una cultura de
respeto hacia los derechos humanos de las mujeres.
- Mujeres y hombres de todas
las edades, accediendo en igualdad de condiciones a diversas
oportunidades para educarse y capacitarse con calidad.
Actores involucrados:
· Por el Estado: los mencionados y
particularmente el Ministerio de Educación, Gobiernos Locales, instituciones
del Estado que tengan competencia, INNFA, MBS.
· Por la sociedad civil: además de
las organizaciones mencionadas en la acción 1.1, letra b) de la página 27,
las ONG's que trabajen en educación con enfoque de género, y las
organizaciones representativas de los sectores educativos, e instituciones
religiosas.
c) Políticas de salud
Objetivo: garantizar el derecho a
la salud, mejorando el acceso y la atención diferenciada entre hombres y
mujeres de acuerdo a sus necesidades específicas, con particular énfasis en
la salud sexual y reproductiva.
Acciones:
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, promoverán espacios
de participación en el Frente Social del Estado particularmente en el
Ministerio de Salud para impulsar la incorporación del enfoque de género
en el Sistema Nacional de Salud, replicando experiencias exitosas de
autogestión en salud, por las organizaciones de la sociedad civil.
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, promoverán una
cultura con énfasis en la salud integral, que contribuya al desarrollo de
comunidades sanas en espacios saludables. Será prioritaria la educación
alimentaria y nutricional, así como la sexual y reproductiva, según lo
dispuesto por el Artículos 23, numeral 25 y la Sección Cuarta De la
Salud, de la Constitución Política vigente.
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, promoverán la
creación de nuevos mecanismos que permitan a mujeres y hombres el acceso
diferenciado a servicios de salud con calidad, que incluyan el enfoque
de género.
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, velarán a través de
la Comisión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Mujeres, por el
cumplimiento los numerales 2 y 22 del Artículo 23, Capítulo 2; y, los
artículos de la Sección Cuarta, de la Constitución Vigente.
Resultados:
- Mujeres y hombres con acceso
a una salud integral, que incluya el ejercicio de sus derechos sexuales
y reproductivos, así como el logro de su bienestar emocional, social y
físico en su entorno familiar, social y ambiental.
- Sistema Nacional de Salud,
funcionando con perspectiva de género.
- Servicios del Sistema
Nacional de Salud, brindando una atención de calidad, que considere las
necesidades específicas de hombres y mujeres.
Actores involucrados:
· Por el Estado: además de los
mencionados, particularmente el Ministerio de Salud, Gobiernos locales, y el
IESS.
· Por la sociedad civil: además de
las organizaciones mencionadas en la acción 1.1, letra b) de la página 27,
las ONG's que trabajen salud con enfoque de género, Junta de Beneficencia de
Guayaquil y otras instituciones privadas que trabajan en este campo.
d) Políticas para una vida libre
de violencia
Objetivo: Promover el desarrollo
de una cultura que respete el derecho a una vida libre de violencia contra
las mujeres, sea en el ámbito social como a nivel intrafamiliar, y que
incorpore relaciones de tolerancia y respeto a las diferencias.
Acciones:
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, promoverán la
formulación y puesta en marcha de una estrategia nacional contra la
violencia intrafamiliar, con carácter multisectorial e
interdisciplinario, que tome en cuenta la diversidad étnica y cultural
de las mujeres, que cuente con las visiones y necesidades nacionales y locales.
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, en coordinación
directa con el Ministerio de Salud, impulsarán el funcionamiento de
redes de servicio dirigidos a la atención a las víctimas de violencia
familiar; estas actividades se apoyarán con recursos técnicos y
financieros obtenidos de la cooperación internacional y otras fuentes,
que aseguren la sostenibilidad de los servicios existentes de atención y
prevención; y, crearán estos servicios donde no existan.
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, promoverán a través
de programas específicos y de un manejo adecuado de atención a través de
las Comisarías de la Mujer y la Familia, y de los medios de
comunicación, la sensibilización y concientización social permanente
para cambiar las concepciones que naturalizan y reproducen la violencia
en la población.
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, velarán a través de
la Comisión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Mujeres, por la
difusión masiva y el cumplimiento los numerales del Artículo 23,
Capítulo 2, de la Constitución Vigente y de la Ley contra la Violencia a
la Mujer y la Familia.
- Revisión y ajuste de la Ley
contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
Resultados:
- Mujeres viviendo libres de
violencia y con posibilidades de desarrollo personal en su vida
cotidiana y social.
- Una cultura humanista en
proceso, que incorpore un nuevo modelo de relación entre los géneros.
- La aplicación de modelos
metodológicos teórico-prácticos, en grupos focales, para enfrentar el
problema de la violencia intrafamiliar, que respeten los derechos
humanos de todas las personas involucradas.
- Hombres sensibles y
comprometidos frente al problema de la violencia.
- Sujetos sociales claves,
sensibles y comprometidos a denunciar y combatir la violencia contra la
mujer.
- Ley contra la Violencia a la
Mujer y la Familia, revisada y ajustada con participación
multisectorial.
Actores involucrados:
· Por el Estado: Además de los
mencionados, particularmente el Ministerio de Gobierno, Comisarías de la
Mujer y la Familia, Administración de Justicia, Defensor del Pueblo,
Defensoría del Pueblo Adjunta de la mujer, comisiones de Derechos Humanos y
de la Mujer del Congreso.
· Por la sociedad civil: además de las organizaciones
mencionadas en la acción 1.1, letra b) de la página 27, la comunidad en
general, contrapartes de comisarías, ONG's especializadas en el tema que
desarrollen alternativas para enfrentar el problema de la violencia, colegios
de abogados y de profesionales que trabajan en el tema y medios de
comunicación.
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2.1 Revisión, reforma y
cumplimiento de la legislación ecuatoriana, e impulso de reformas legales para
la aplicación de los convenios internacionales que atañen a la mujer
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Con el trabajo de los CTA, se
impulsarán reformas, según lo establecido en la Constitución vigente para
eliminar las trabas existentes en las leyes secundarias y supervisar la formulación
de las futuras leyes con el fin garantizar el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres. Se impulsará la aplicación de la legislación nacional
existente a favor de las mujeres y en el caso de no haberla, cuando sus
derechos humanos específicos se hayan violado, se demandará la aplicación del
derecho internacional.
Para hacer efectivas estas
acciones se emplearán sistemas apropiados de información que socialicen
instrumentos como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer -CEDAW, la Convención de Belén do Pará. Se impulsará la
ratificación de otros instrumentos como el Protocolo Facultativo de la CEDAW.
Acciones básicas:
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, a través de los CTA,
realizarán un análisis jurídico global de la legislación ecuatoriana,
tomando como referencia mínima las normas de derecho internacional que
protegen a las mujeres, ratificados por el Ecuador. Se efectuará una
investigación socio-jurídica sobre prioridades sectoriales (indígenas,
negras, trabajadoras sexuales, por ejemplo) o temas comunes como el
reconocimiento del trabajo doméstico como productivo, etcétera.
- El MME, el CONAMU y/o las
instituciones estatales o gubernativas competentes, a través de los CTA
propondrán e impulsarán concertadamente, proyectos específicos de leyes
que permitan alcanzar en lo nacional, al menos con lo requerido para la
presentación oportuna de informes ante Naciones Unidas y con mecanismos
de exigibilidad de los derechos establecidos en la Constitución vigente.
- Se realizará un seguimiento
permanente desde el CONAMU y la sociedad civil, a través de la Comisión
de Vigilancia, sobre la aplicación de las leyes reformadas, con un
sistema que se cree para el efecto.
- Se elaborará y pondrá en
práctica un plan de capacitación para personal de administración de
justicia, abogados y estudiantes de leyes.
Se realizará previamente un
"estado de situación" de las normas vigentes en las que haya que realizar
reformas, para ello se contará con profesionales del derecho que realicen
esta tarea. Posteriormente se las someterá a revisión, aceptándose las
recomendaciones y observaciones provenientes de la sociedad civil,
fundamentalmente de las organizaciones de mujeres que estén trabajando
directamente en los temas sectoriales.
Finalmente los anteproyectos se
reformularán con la participación directa de abogadas especialistas en
trabajar con enfoque de género. Consecutivamente se presentarán las propuestas
concertadas y elaboradas técnicamente y se impulsará su aprobación a través
del CONAMU, la Comisión de la Mujer del Congreso y el MME.
Para consolidar el proceso se
impulsará en las mujeres y en la sociedad en general, el conocimiento y
ejercicio de las leyes secundarias aprobadas, privilegiándose la comunicación
masiva. Se realizarán evaluaciones periódicas tanto del proceso de reformas,
como de los impactos.
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3.1 Nombramiento de funcionarios
en cargos de dirección del gobierno central y gobiernos seccionales; de
organismos de dirección y control públicos y privados; de la administración
de justicia, las entidades autónomas, procurando una distribución
equitativa de hombres y mujeres en dichos puestos
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El MME en acuerdo con el CONAMU y/o
las instituciones estatales o gubernativas competentes, asesorarán
técnicamente desde los CTA a las organizaciones sociales y a las
instituciones públicas, para promover la presencia de un mayor número de
mujeres en los espacios de decisión. Con la ejecución de proyectos - en
alianzas institucionales con ONG's expertas en género- se sensibilizará y
capacitará a los servidores públicos de todos los niveles, a funcionarios de
organismos de desarrollo nacional, local o regional, y de las organizaciones
sociales, para el logro de estos objetivos.
Del mismo modo, se propondrá a los
organismos de cooperación, las instituciones financieras de desarrollo
nacionales y locales; y, otros con los mismos fines, que desde sus distintos
niveles de injerencia, pongan en marcha medidas de discriminación positiva
que incentiven y prioricen la incorporación en los niveles de dirección de
proyectos de desarrollo a personas que manejan el enfoque de género.
Se intercambiarán experiencias de
programas o proyectos desarrollados por organismos gubernamentales y no
gubernamentales que han permitido incidir en el aumento de la participación
política de las mujeres y que optimicen la consecución del objetivo
propuesto.
Se seguirá permanentemente desde
el Comité de Vigilancia, la aplicación del Artículo 102 y la disposición
transitoria decimoséptima de la Constitución Política vigente, con un sistema
que permita exigir su cumplimiento.
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4.1 Participación de las mujeres
y los organismos que trabajan en comunicación con enfoque de género, en la
producción, difusión, monitoreo y control de los mensajes emitidos por los
medios de comunicación, para que se cumplan los principios de respeto a la
dignidad de las mujeres y los hombres
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Se exigirá el cumplimiento y el
ejercicio del derecho al acceso, control y regulación de los medios tal como
lo establecen las reformas de la Constitución.
Se producirán y difundirán
mensajes, que promocionen una comunicación democrática, plural y respetuosa
de la dignidad de mujeres y hombres.
Se diseñará y ejecutará un plan de
capacitación para comunicadores, estudiantes de comunicación social,
periodistas y dueños de medios en derechos de las mujeres.
Para ello se deberá:
- Monitorear el uso social de
frecuencias y conformar de un Comité de Vigilancia Ciudadana de los
medios de comunicación con participación equitativa de mujeres y
hombres.
- Establecer mecanismos y
normas legales que permitan la regulación de la publicidad y los
mensajes que se emiten en los medios a fin de eliminar la discriminación,
la violencia, la pornografía y las imágenes estereotipadas de las
mujeres, como establece la Constitución vigente.
- Crear un premio nacional desde las
organizaciones sociales para los medios de comunicación que difundan
imágenes no discriminatorias de la mujer.
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Evaluación, seguimiento y ajuste
del Plan Operativo de los Derechos de las Mujeres
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Para la evaluación, seguimiento y
ajuste de este Plan Operativo, se deberá organizar una Comisión permanente
de los Derechos de las Mujeres, la cual estará integrada paritaria y
descentralizadamente, por representantes del Estado y la sociedad civil
involucrada en este plan.
La Comisión de los Derechos de las
Mujeres deberá coordinar sus acciones con los restantes integrantes del Plan
Operativo de Derechos Humanos; elaborar los cronogramas de actividades
respectivos, así como los indicadores de financiamiento y gastos, y los
indicadores de resultados, entre otros.
Además, para el primer trimestre del
año 2002, esta Comisión deberá preparar un documento que resuma las acciones
en marcha y/o concluidas del Plan Operativo de los Derechos de las Mujeres.
Este documento deberá formar parte
del Plan Nacional de Derechos Humanos. Resultados 2003, que los actores
involucrados, tanto del Estado y la sociedad civil, deberán dar a conocer al
país.
Bibliografía
Consejo Nacional de las Mujeres,
CONAMU, "Plan de Igual de Oportunidades", 1996.
Coordinadora Política de
Mujeres Ecuatorianas, CPME , "Agenda Política de las Mujeres",
No.2.
Fundación ESQUEL,
"Agenda para combatir la pobreza", 1996.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC.
2 Ecuador, Poverty Report, Banco
Mundial, 1995.
3 Agenda para combatir la
pobreza, Fundación Esquel, 1996.
4 Un estudio sobre Desarrollo
Humano de Naciones Unidas de 1996, dice que si se midiera la contribución de
la economía no monetarizada generada por el trabajo de los hogares, a nivel
mundial alcanza la enorme cifra de 16 billones (millones de millones) de
dólares, un 70% del valor total del producto bruto oficial mundial, estimado
en 23 billones. Más significativo aún es que 11 de esos 16 billones, es
aporte de mujeres cuyas actividades son invisibles en las cuentas y
estadísticas oficiales, FEMPRESS No.202.
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