Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos del Ecuador

Derecho al Trabajo
Eduardo Alcívar, Oscar Andrade, Wilson Becerra, Diego Betancourt, Saúl Cañar, Fausto Dután, Mario Morales, Adolfo Nieto, Emma Ortega, Edison Paredes, Isabel Robalino, Marcelo Román, Marietta Toscano; y, contó con el apoyo de Alfredo Borja, Víctor Elizalde, Carlos Espinosa, Gladys Illescas, Luis Melo, José Morán, David Tenesaca, Angel Vacacela, Joaquín Viteri.
AAJ / UNESCO / ILDIS

Derechos humanos y derechos de los trabajadores

La aparente disyuntiva se muestra, desde su enunciado, como una paradoja, ya que al hablar de derechos humanos estamos hablando de todos los que pertenecen a la persona humana, de la que ella es titular, sean los derechos individuales, de larguísima tradición en las constituciones democráticas, sean los derechos sociales, que se incorporaron por primera vez en la Constitución de México de 1917, y entre nosotros a partir de la de 1929. La persona es ser social, y por tanto titular también de estos últimos.

Sin embargo, lo que se ve como una evidencia en los medios de los trabajadores, en los medios sindicales, no lo es para muchos activistas en "derechos humanos", que establecen la falsa diferencia.

De ahí que tengamos que saludar especialmente la iniciativa del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, en sus veinticinco años de presencia en el Ecuador, de reunir en un taller, que resultó de verdadero interés, a dirigentes sindicales, de las diversas c-entrales que integran el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, con asesores y profesionales de diversas ramas de orden científico social, para tratar de la defensa de los derechos humanos, laborales y sindicales, y que se desarrolló el 20 de octubre de 1999.

La constatación de la crisis que vivimos, subyace y en veces se explícita en las intervenciones: "crisis de orden político, económico, cultural y ético, que rebasa los límites de la nación". Crisis que afecta también al sindicalismo, víctima de una campaña de desprestigio por parte de quienes quieren disminuir su presencia y su capacidad de diálogo en la nación.

El derecho al trabajo se ve afectado por la crisis económica, por la ausencia de políticas de empleo acertadas para nuestra realidad. Los trabajadores se ven cada vez más empujados a lo que se denomina "trabajo precario", trabajo sin protección legal o contractual; entran a laborar en el sector terciario, especialmente en el pequeño comercio, en el sector que se ha dado en llamar "informal", y la respuesta es propugnar la miniempresa autónoma - preferiríamos hablar de "empresa comunitaria" que puede responder a un tamaño adecuado, en la competencia desenfrenada que es la realidad de la globalización a la que nos empuja el sistema neoliberal.

Frente a esto se plantea una política de salarios conveniente, capacitación de los trabajadores, "que no responda solamente a los reque-rimientos laborales, sino que forme para la vida".

A lo largo del seminario-taller, se vieron dos preocupaciones básicas: la participación efectiva del sindicalismo en los procesos de diálogo y concertación -claramente distinguidos-, participación efectiva que requiere el fortalecimiento del movimiento, preocupación implícita en las intervenciones, pero que también se mostró aún poco madura.

El diálogo y la concertación fueron claramente distinguidos: el diálogo como un "intercambio de comunicación entre actores sociales y actores políticos, que no necesariamente requieren llegar a un acuerdo social", y la concertación como método para alcanzar acuerdos y compromisos.

La participación en estos dos procesos, nuevas formas de lucha sindical, requiere afianzar la actual visión del movimiento de los trabajadores. Partimos en el siglo XIX de un movimiento "obrero", una respuesta a la revolución industrial que explotó inmisericordemente la mano de obra, para llegar hoy a un movimiento que aúna a todos los "trabajadores", sean estos obreros o empleados -ya ha desaparecido prácticamente la distinción en el Código del Trabajo- sean trabajadores de la ciudad o del campo; pequeños comerciantes o artesanos, pobladores de las ciudades; profesionales o servidores públicos -trabajadores del Estado-. A ellos ha contribuido el pensamiento de las grandes Centrales Internacionales de Trabajadores.

El movimiento de los trabajadores, ha dejado de ser un movimiento meramente reivindicacionista, para pasar a ser un movimiento que, con visión política global, interviene en la orientación de los grandes problemas de la economía, del ordenamiento de la sociedad hacia el bien común, que asume y debe asumir, en frase de Juan Pablo II, la lucha por la justicia.

Para ello no podemos permitir que se mantenga un sindicalismo dividido, en el que las organizaciones independientes superan en número de afiliados a los de las centrales sindicales en su conjunto, de las que no todas se encuentran vinculadas en el FUT. Hay que caminar hacia la unidad. Una unidad que nazca del querer de los trabajadores y no sea impuesta, ni sea fruto de confrontaciones de poder. Una unidad que respete la adhesión doctrinal de los trabajadores y sus diversas agrupaciones.

Esta debilidad da lugar a que se promuevan, por parte del poder político, diálogos parciales, con uno u otro grupo, quizá con aquellos que se consideran susceptibles de más fácil manipulación.

Temas ligados con toda esta problemática son los de la educación y comunicación. La educación de la clase trabajadora que se planteó tomando en cuenta tres ejes fundamentales: formación político sindical, educación formal y formación profesional-; ejes que deben estar interrelacionados entre sí.

El papel de la comunicación en todos estos aspectos es por cierto fundamental y no requiere comentario adicional.

En épocas de crisis, alta desocupación, cierre de empresas, despidos masivos en el sector privado y en el público, creciente y acelerada pauperización, se plantea el tema de reformas al Código del Trabajo y de creación de un Código de Procedimiento Laboral. Es un desafío en momentos en que no sólo se habla de flexibilización laboral, se multiplica el trabajo precario, sino que se buscan los medios para excluir de la protección del derecho a grandes sectores de trabajadores. ¿Tendremos acaso que buscar una nueva formulación de esta rama del Derecho Público, nacida del esfuerzo y de la lucha obrera?

Plan Operativo de Acción 1999 - 2003

Operativización de las acciones

Introducción

Los derechos humanos van alcanzando una dimensi-ón cada vez más integral que apunta a abrir caminos que hagan posible nuestra transición por mejores sendas hacia la vida, la igualdad y la dignidad del ser humano, vertientes indispensables para fortalecer la democracia y la equidad, objetivos tan urgentes para la humanidad de este fin de siglo.

Los desafíos del nuevo milenio son asumidos por nosotros los trabajadores y trabajadoras con renovada esperanza y compromiso porque la historia nos da esta nueva oportunidad para escribir las páginas que hacen falta para hacer realidad ese nuevo Ecuador, equitativo, justo y soberano que todos y todas anhelamos.

En esta perspectiva, nos alienta los enunciados alcanzados en la Constitución Política, misma que en la parte pertinente a los principios de la economía, en su Artículo 242 reza que "la organización y el funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios y a la propiedad de los medios de producción".

Así mismo, el Artículo 35 prescribe: "El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia".

En nuestra voluntad y compromiso colectivo radica la posibilidad de hacer realidad estos fundamentales enunciados y como tal asumimos la parte del reto que nos corresponde para convertir a la economía en la fundamental estrategia del desarrollo humano que recupere nuestra dignidad como pueblo y como nación en el nuevo milenio.

Sólo en este marco será posible una política de Estado en materia laboral en cuya formulación y ejecución debemos estar involucrados todos y todas, con verdadera vocación democrática a fin de recoger los intereses de los ecuatorianos/as en función de incrementar la capacidad productiva del país y elevar la capacidad adquisitiva de la población, mejorando su calidad de vida, creando un desarrollo económico basado en el reparto justo de la riqueza.

Cuatro son los ejes que merecen ser enfrentados con prioridad y urgencia para construir una nueva y alternativa política laboral: empleo, salario, capacitación y relaciones laborales.

Política de empleo

La sistemática aplicación de modelos económicos regidos por los intereses del gran capital internacional, son la causa gravitante para que nuestro país sea deficitario en políticas de empleo que optimicen la mano de obra y promuevan sostenidos procesos de producción rur-al y urbana. El modelo de sustitución de importaciones, basado en el fortalecimiento del desarrollo industrial sobre el supuesto teórico de que éste solucionaría el problema del empleo, no logró crear mecanismos endógenos de desarrollo, y por el contrario, robusteció nuestros niveles de dependencia.

Igualmente el modelo neoliberal sustentado, en gran medida, en el capital especulativo, en su búsqueda desmedida de rentabilidad rápida y fácil, en lugar de invertir para modernizar y dinamizar el sistema productivo, ha preferido la acumulación de sus cuentas en bancos nacionales e internacionales, comportamiento que ha puesto en evidencia su incapacidad y poco compromiso por incrementar la producción y lograr siquiera cubrir los requerimientos en los niveles que la competencia y la globalización económica exigen y ha mostrado, por ende, su negligencia para generar empleo y bienestar, actitud que ha agravado los problemas de desocupación y subempleo a niveles alarmantes.

Las reformas del Estado con claro sesgo privatizador de las empresas públicas rentables, acompañado de políticas dirigidas a reducir el amparo estatal y al insensato afán de pagar la deuda externa, todo esto en medio de una cada vez más evidente corrupción tanto pública como privada, han generado desocupación, precariedad en el empleo, inseguridad laboral, disminución de los beneficios sindicales por una sistemática desinversión en lo social y humano que paulatinamente afecta a la producción, panorama cuyos resultados alimentan la marginalidad y la incredulidad ciudadana, deslegitimando y debilitando cada vez más la participación democ-rática, la gobernabilidad y la paz social.

Estos procesos, acompañados de la denominada "flexibilización laboral", han servido de marco para la aplicación de peligrosos modelos de contratación de personal, los cuales como las "empresas intermediarias" y las "empresas subsidiarias", conformadas mediante una manipulada e interesada interpretación del Artículo 41 del Código del Trabajo, han provocado, en la mayoría de sectores de la producción, conculcar el derecho a la estabilidad, impedir la constitución de nuevas organizaciones sindicales, violándose de esta forma convenios internacionales que garantizan y amparan fundamentales derechos del trabajo como la estabilidad, la libertad sindical y toda protección al derecho de sindicalización, como el Convenio 87, ratificado por el Ecuador el 29 de mayo de 1967 y, el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva, ratificado por nuestro país el 28 de mayo de 1959.

El despido masivo de trabajadores y trabajadoras del sector público, bajo la argumentación de "achicar el aparato estatal" ya sea por la vía de la venta de renuncias, supresión de partidas o fusión de ministerios, produce fuga de cuadros técnicos que han sido formados y en muchos casos especializados con recursos del pueblo, quienes al ser liquidados sin mediar una mínima evaluación de su desempeño, son desaprovechados en su capacidad profesional y en su experiencia y pasan a incrementar los niveles de desocupación y angustia de miles de padres y madres de familia que se quedan sin un ingreso mensual para solventar sus necesidade-s ya que, si bien reciben una indemnización o liquidación, ésta al no habérseles capacitado y/o canalizado adecuadamente para su aprovechamiento financiero y por el impacto de la inflación, pasa a convertirse en "dinero de bolsillo" que termina sin impactar en su bienestar actual peor ser garantía para su futuro.

No podemos guardar silencio frente a la desprotección y atropellos que sufren los trabajadores/as de las empresas bajo el régimen de la "maquila" y de una serie de empresas como las de Guardianía o de Seguridad, plantaciones avícolas, de flores o de frutas en las cuales se descuida la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y no se les extiende los más requeridos servicios que garanticen un medio ambiente laboral sano que preserve su salud con medidas adecuadas de protección encaminadas a salvaguardar su bienestar laboral y familiar a través del cabal cumplimiento de las leyes y normas laborales.

La marginalidad que sufre la mujer por su edad y maternidad, sobre todo en empresas bancarias o en aquellas donde todavía se prioriza que la mujer cumpla un papel decorativo o de atracción a los clientes, atenta con su derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

De esta manera, la agudización del desempleo y su concomitante impacto en la pobreza, no solo atenta a los derechos más fundamentales de quienes viven esta dura realidad, sino que promueve desajustes en las relacio-nes laborales provocando que quienes no acceden al mercado laboral, en su legítimo afán de supervivencia están dispuestos a vender su fuerza de trabajo por una remuneración muy baja, atentando contra quienes tienen un trabajo o empleo "estable" creando así una competencia que abarata la mano de obra y devalúa aún más el trabajo calificado o no calificado, realidad que afecta significativamente sobretodo a la mano de obra femenina.

Para dar pasos que trastoquen esta situación, es imprescindible una cultura de consensos que busque repensar y poner en marcha una economía sensible a nuestra realidad e identidad particular. En esta dirección se debe utilizar el ahorro interno para proyectar el crecimiento económico integral en procura de satisfacer, en primer lugar, la demanda interna y luego buscar estrategias que nos inserten con condiciones de equidad en el mercado internacional con resultados favorables para la economía nacional. La integración Regional Andina, a la par de logros económicos para el mercado, debe concebir y apuntalar una dimensión social que la garantice y fortalezca.

Una nueva estrategia de desarrollo y crecimiento supone superar el divorcio de lo económico con lo social. Es hora de que el Estado abandone el modelo que concentra y monopoliza la riqueza en pocas manos cuando ella nos pertenece a todos y todas. La modernización del Estado debe basarse en la aplicación de procesos de modernización que impulsen el crecimiento de la empresa tanto pública como privada, ampliando y promoviendo la eficiencia de los servicios y el mercado, potencializando su fuerza laboral y sus r-ecursos naturales con verdadero sentido y responsabilidad social y estimulando a las empresas que más generan empleo. En este propósito la ciencia y tecnología deben ser abordadas y aprovechadas para vincularlas a la necesidad de empleo que asegure crecimiento productivo y social.

El desempleo, el subempleo, la poca capacidad adquisitiva de los salarios, la gran discriminación social de las mayorías y los privilegios de minúsculos grupos de poder económico, son realidades que deben ser enfrentadas desde una política y una actitud que favorezca a la producción y subordine a la especulación, objetivos para los cuales el trabajo y el capital deben verse como socios y juntos arrimar el hombro en procura del crecimiento económico no concentrador de riqueza sino repartidor equitativo de ella en aras de un Ecuador más justo, democrático y solidario.

Para ello se requiere inversión para la producción y el crecimiento humano. Los mecanismos fomentadores de empleo deben considerar políticas fiscales, crediticias y presupuestarias de apoyo prioritario a los sectores, áreas y actividades económicas de alta generación de empleo, dando atención prioritaria a la producción agropecuaria, a la agroindustria que nos devuelva la imagen rural de nuestro Ecuador profundo y atienda las demandas internas y externas. Promover el turismo y la construcción pública, diversificar las formas de producción y servicios vinculados a la pequeña y a la microempresa artesanal así como a solidarias iniciativas de economía popular que requieren de apoyos e incentivos solidarios para asistencia técnica, créditos y capacitación que -genere empleo y productividad, son también alternativas dignas de ser atendidas.

La implementación de un nuevo modelo económico es una urgente prioridad nacional que requiere consensos y voluntades políticas. Pero este nuevo modelo, a la par de apostar por la eficiencia productiva, tiene que comprometerse por el desarrollo social y humano capaz de generar también nuevas formas de producción que dinamicen y modernicen también sus relaciones en un marco de respeto, de solidaridad y de equidad.

El empleo tiene que alcanzar la dimensión de política de Estado para hacer efectivo la consideración constitucional de que el trabajo es un derecho y un deber social. Crear fuentes de trabajo debe ser la expresión más alta de la responsabilidad social tanto pública como privada.

En esta dirección, una iniciativa que aportaría significativamente, es la conformación del Consejo Nacional de Empleo, que deberá estar constituido por representantes de los trabajadores/as, del Gobierno y de los empleadores, organismos tripartito que asumiría la responsabilidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas de empleo.

Política de salarios

La aplicación de modelos de desarrollo de orientación neolib-eral, encaminados a la concentración y centralización del capital ha exigido la implementación sistemática de políticas y medidas de ajuste que han ocasionado un permanente deterioro de los ingresos a través de múltiples vías: reducción y represamiento de los salarios reales, disminución de los gastos sociales, eliminación de los subsidios a los productos básicos, eliminación de los controles de precios de los bienes básicos de la canasta familiar, etcétera, aspectos que sumados a la baja capacidad productiva de la industria ecuatoriana que no ha logrado acceso a mercados más grandes, no ha crecido y por tanto, no genera empleo ni tampoco ofrece mejores remuneraciones a sus trabajadores/as, son los responsables de la caída del salario a niveles nunca antes vistos, llegando a ser uno de los más bajos del Continente.

El esfuerzo efectuado en torno a las Comisiones Sectoriales Salariales y las Mesas de Dialogo promovidas por el Estado, si bien han permitido la participación de empleadores y trabajadores, han estado sesgadas por una concepción equívoca por parte de los sectores del poder que entienden al salario como una política que sólo benefician a un sector y, en este sentido, han dirigido sus propuestas a cubrir demandas coyunturales a través de ajustes anuales con porcentajes que ni siquiera cubren el índice inflacionario, por ende incapaces de recuperar, por este medio, su poder adquisitivo. Así mismo la política de techos fijados unilateralmente desacredita la seriedad de las negociaciones y no ha permitido reactivar a la economía por la vía de la redistribución salarial.

En este campo, las refor-mas a la Ley de Finanzas Públicas dio paso al Consejo Nacional de Remuneraciones, organismo encargado de fijar los sueldos y salarios de los empleados y trabajadores de este sector dificultando con su actuación la intención de caminar hacia la unificación salarial.

Ante estas incoherencias, se impone un cambio de actitudes que configuren una voluntad política de trabajar en armonía para juntos/as encontrar las estrategias alternativas para implementar una política salarial que responda a las necesidades nacionales y responda a las expectativas y justas aspiraciones de los trabajadores/as.

Hacia esta meta creemos, que una verdadera y seria Política Salarial exige encarar estrategias de desarrollo dirigidas a dinamizar el aparato productivo nacional y redistribuir, por este medio, la riqueza nacional para que sea el salario el recurso que permita, como reza la Constitución, una remuneración justa que cubra las necesidades del trabajador y su familia y le asegure una existencia decorosa.

Para ello el Estado y la empresa privada deben incentivar la inversión, diversificar la producción, buscar nuevos mercados utilizando todos los recursos existentes y/o direccionando hacia este fin las representaciones consulares de nuestro país en el mundo por medio de políticas y estrategias de propagandización y promoción de nuestros productos y servicios para ampliar la capacidad de oferta nacional.

Desde los trabajadores/as demandamos la necesidad de impulsar Comisiones Sectoriales Representativas, tripartitas e igualitarias que, sobre la base de estudios económicos reales, se encarguen de implementar una Estructura Salarial moderna que exprese una necesaria reconceptualización de lo que significa una sostenida política salarial, la cual no puede estar alejada de los problemas económicos nacionales hoy más que nunca agravados por la grave recesión económica que se expresa en la ausencia de inversión para el empleo, creciente niveles de inflación, incremento sistemáticos del costo de la canasta familiar básica, la reducción presupuestaria nacional por el pago de la deuda externa, etcétera. Con este enfoque la Política Salarial se convertirá en un verdadero elemento dinamizador de la economía global capaz de recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios como la mejor alternativa para elevar la calidad de vida de nuestro sector.

Apostamos por una Política Salarial que respete los acuerdos entre trabajadores y empleadores en materia de unificación salarial, que no perjudique ni merme las conquistas logradas en las contrataciones colectivas de trabajo, que incorpore los acuerdos tomados en las Mesas de Concertación y considere los desacuerdos como parte de la práctica democrática. Esto supone que, respetando la autonomía de las organizaciones laborales y sindicales, se alimente la cultura del dialogo y la concertación que nos haga crecer colectivamente sobre la base de los consensos y en el debate de los desacuerdos en condiciones y con reglas de juego transparentes que permitan que todos los involucrados tomen resoluciones concretas.

En este marco creemos que se debe avanzar en un dialogo responsable que haga posible concretar el proyecto de "unificación salarial" que rompa con los privilegios e inequidades en el plano de los ingresos y así hacer realidad el principio de justicia que determina que "a igual trabajo, igual remuneración", principio sobre el cual se sustenta también el derecho de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

En el plano institucional, el Consejo Nacional de Salarios, CONADES, debe ser reestructurado a fin de configurar una representación tripartita e igualitaria y sea capaz de incorporar en su accionar mecanismos de participación democrática que lo convierta en un puente de negociación de las partes y en un verdadero espacio de intermediación social.

Política de capacitación

El Estado, por intermedio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, ha brindado programas de Capacitación. Lamentablemente estos han girado en torno a una oferta obediente a los requerimientos y condicionamientos del proceso productivo nacional el cual, como hemos señalado, ha sido deficitario debido al precario nivel de desarrollo que ha experimentado el Ecuador, por lo tanto estos programas y sus contenidos, si bien respondían a un momento concreto del desarrollo del país, hoy, por su situación real, no tienen respuesta adecuada a- las actuales exigencias de los procesos de producción y productividad.

Al ser una capacitación circunscrita solamente a los intereses de los sectores productivos, ha sido por tanto elitista. Desde los trabajadores/as, concebimos una capacitación que no solamente responda a los requerimientos laborales sino que nos forme para la vida. Nos referimos entonces a una capacitación con contenidos hacia la educación y promoción humana sustentada en valores y destrezas que abra nuevas perspectivas para una educación personal, profesional y sindical, triada que complementa la integralidad de la misma.

Se requiere modernizar el SECAP para que pueda responder a los requerimientos actuales de la ciencia, la tecnología y a los avances integrales que presentan hoy día los procesos productivos. Esta modernización que reclamamos no significa ni implica necesariamente su privatización, sino la incorporación de renovadas concepciones y metodologías que oferten y aseguren una alternativa en la capacitación y profesionalización de la fuerza laboral ecuatoriana.

Consideramos que la capacitación laboral no puede ni debe estar deslindada del proceso educativo formal del país, por el contrario, esta requiere ser concebida y desarrollada con una visión integral. Para ello, tanto el Estado como la sociedad en su conjunto, deben realizar esfuerzos dirigidos a elevar los niveles educativos a fin de que estos puedan promover un cambio de mentalidad y nos conv-ierta en seres humanos con mayor y mejor capacidad de producción.

Se precisa apuntar a una reforma integral de la educación concebida como inversión para la formación humana y laboral que asegure el mejoramiento de las oportunidades individuales para lograr empleos de más alta remuneración en condiciones dignas, equitativas y sostenibles; sistemas que necesariamente deben conjugar alternativos y modernos contenidos de enseñanza con los requerimientos del mundo real de la producción.

Una capacitación alternativa debe romper con la división sexual del trabajo que asigna a la mujer roles secundarios en la producción y consecuentemente genera su injusta discriminación laboral y social. En contraposición la capacitación que proponemos debe dirigirse a promover la igualdad de oportunidades afianzando el mejoramiento de la productividad, del empleo, del ingreso y de la participación ciudadana de todos y todas.

Para este logro el Estado, los trabajadores/as y empleadores/as debemos impulsar nuevas estrategias de capacitación encaminadas a lograr la profesionalización de la mano de obra, conformando entidades de capacitación en los campos y áreas requeridas por el país. En nuestros convenios laborales debemos priorizar la capacitación integral con costos proporcionales a las posibilidades de los actores abriendo igualdad de oportunidades a su acceso a todos los trabajadores/as.

El compromiso y solidaridad del Estado y de la empresa privada unida al esfuerzo de las centrales sindicales proporcionará los recursos económicos que financien esta sostenida política de capacitación que hemos apuntado.

Este compromiso compartido por una capacitación, en los términos referidos, dinamizará nuestra vida sindical, despertando mayor y mejor credibilidad y legitimidad de nuestro accionar por la vida, la justicia y la igualdad.

Relaciones laborales

Siendo la relación capital trabajo una de las fundamentales en el actual sistema productivo, esta se desenvuelve en términos acordes con la estructura jerárquico-vertical y autoritaria en la que se fundamenta los procesos productivos y la mayoría de instituciones sociales, incluidas la familia, la escuela, partidos políticos, las iglesias y otras.

Desde el punto de vista de los trabajadores/as es necesario impulsar la democratización de las relaciones laborales dentro de un marco de diálogo, independencia, respeto, reciprocidad y consenso.

Los temas fundamentales que involucran las relaciones laborales y en las que es necesa-rio establecer políticas que garanticen la plena participación de trabajadores/as en las decisiones son:

• Organización de la producción.
• Productividad y calidad.
• Relaciones laborales.
• Condiciones de trabajo.
• Contratación individual y colectiva.
• Resolución de conflictos.
  
  

1.- El Ecuador atraviesa una profunda crisis, que a diferencia de las anteriores que fueron circunstanciales, la actual traspasa las arterias mismas del sistema imperante y es global, es decir, política, económica, social y ética, que rebasa los límites de la nación y sus efectos recae sobre todo en el pueblo.

2.- La globalización de la economía, que no es sino la aplicación del modelo neoliberal ha sido engendrado en las entrañas de las grandes potencias y sus empresas transnacionales, su aplicación en el país data desde hace 20 años con consecuencias graves para el pueblo que sufre la masificación de la pobreza (85% de la población), el desempleo y subempleo generalizado, analfabetismo, desnutrición por un lado, pero por otro concentración de la riqueza, corrupción institucionalizada, violencia y autoritarismo.

3.- En lo político, el modelo neoliberal tiende a restringir cada vez más los espacios democráticos, reduciendo la democracia a una mera participación electoral y en relación con el poder al ejercicio de una verdadera dictadura del capital financiero y las grandes empresas transnacionales y sus aliados nacionales.

4.- La clase obrera ha sido y es la portadora de las más importantes tradiciones de lucha; gracias a su organización, capacidad y sacrificio se han logrado conquistas y defender fundamentales derechos y reinvindicaciones no solo del sector sino del pueblo en su conjunto, por ello mismo ha sido el blanco de los más duros ataques de los sustentadores del modelo neoliberal, no solo a través de la imposición de leyes y normas antidemocráticas, sino también de la división, las calumnias y la represión. Todo ello ha debilitado cuantitativa y cualitativamente a las centrales sindicales que han visto disminuidas su base social y un cierto desconcierto y temor en su militancia.

5.- La magnitud de la crisis es de tal forma que afecta a otros sectores de la sociedad como la denominada clase media que se ha ido paulatinamente pauperizando, a la mediana y pequeña industria, a los artesanos y a la industria nacional, que han entrado en un grave proceso de recesión económica y de autoliquidación o reducción de los derechos y reinvindicaciones sociales de los trabajadores.

6.- El movimiento sindical ha entrado en un proceso de reconceptualización de sus tesis y programas con el objeto de responder la agresión del modelo económico vigente y el sistema político que lo sustenta, pero a la vez plantear alternativas y soluciones a los problemas de orden coyuntural, en esa perspectiva consideramos la necesidad de implementar nuevas alianzas, defender las conquistas democráticas y -los derechos y convenios laborales, fortalecer la conciencia clasista y la capacitación profesional, etcétera, es decir una estrategia de acumulación de fuerzas. En esta perspectiva y bajo un nuevo concepto de respeto al pluralismo y la heterogeneidad, pero a la vez abiertos a encontrar acuerdos, planteamos el diálogo social y la concertación como uno de los mecanismos de acumulación, proposición y defensa de los intereses de los trabajadores, que de ninguna manera reemplaza a la movilización, la autonomía y la lucha popular, como mal intencionadamente han planteado algunos sectores con el afán de desprestigiar al FUT.

Este proceso ha tenido algunos tropiezos, básicamente por los siguientes aspectos:

1. Ausencia de una cultura del diálogo, que permita sentar en la misma mesa a elementos contrapuestos, en donde predomine los argumentos y la razón.
2. Desconfianza histórica entre las partes, por falta de transparencia, ausencia de mecanismos de seguimiento y medición de los acuerdos.
3. No siempre las motivaciones expresadas corresponden con las reales, por lo que la concertación puede equivaler a un ardid integrado en una estrategia de post-ergación de soluciones.
4. Los actores sociales deben tener la suficiente fuerza para que los acuerdos sean equilibrados y haya respeto entre las partes.
5. No siempre el proceso cuenta con el apoyo técnico y material, ni de evaluación y seguimiento, incluida la asignación de responsabilidad y la adopción de cronogramas de ejecución.
6. No siempre las partes que intervienen en la concertación poseen la libertad e independencia necesarias para asegurar la representación idónea de los intereses de su sector. Ello permite que en ciertos casos la concertación se confunda con la cooptación.
7. Las decisiones alcanzadas mediante la concertación requieren muchas veces una materialización legislativa vinculante por vía parlamentaria y su contenido parece predeterminado a ser resuelto por los diputados de la mayoría.

El 9 de septiembre de 1996, se suscribió entre el Gobierno, las Cámaras Empresariales y las Centrales Sindica-les el denominado Protocolo para el Proceso de Concertación a fin de lograr un Pacto Social, al mismo tiempo se estableció un Reglamento de funcionamiento que contiene:

1. El plenario de Concertación Social conformado por los titulares de la: Federación de Cámaras de Comercio; Asociación de Cámaras de Industriales; Asociación Nacional de Cámaras de Agricultura; por los trabajadores los presidentes de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL, y la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, y; por el Ejecutivo los titulares del Ministerio de Trabajo y de los demás ministerios y entidades que suscribieron el protocolo.
2. Las Mesas de Diálogo Nacional: de Empleo, de Política Salarial, de Capacitación, de Seguridad Social y de Modernización de las Relaciones Laborales.
3. La Secretaría Técnica, conformada por un representante de cada sector.

Durante estos último años las Mesas de Diálogo han venido laborando hast-a producir consensualmente algunos acuerdos, especialmente la Mesa de Empleo, Capacitación, Seguridad Social y Unificación Salarial, desgraciadamente en el Plenario no se ha logrado resolver los acuerdos mínimos, por el contrario, debido básicamente a la inestabilidad de los representantes del Ejecutivo y de los empleadores, a la falta de voluntad política para dialogar y respeto a los acuerdos y a la sistemática agresión económica a través de las medidas de ajuste, el proceso ha sido intermitente y en los últimos años prácticamente se ha paralizado.

El 8 de septiembre del presente año, en un nuevo intento de retomar el diálogo, los tres sectores relanzaron públicamente un nuevo acuerdo.

La reunión del Plenario realizado ese mismo día acordó conformar las Mesas de Diálogo, priorizar como temas urgentes a ser tratados en el Plenario la Unificación Salarial, la Capacitación y la Seguridad Social; reformar el Reglamento y conformar la Secretaría Técnica.

Conclusiones

1. El proceso de diálogo y concertación social ha contado con el respaldo técnico y financiero de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, los mismos que han manifestado su decisión de continuar aportando para este objetivo.
2. El FUT debe diseñar una táctica y estrategia que contribuya a cambiar la correlación de fuerzas actual, para lo cual es necesario partir de una concertación y unidad, primero de las mismas centrales sindicales y segundo con otras organizaciones populares.
3. El diálogo y la concertación no pueden ser entendidos como procesos que reemplacen a la autonomía y a las acciones del movimiento sindical para lo cual es necesario una permanente evaluación y vigilancia del mismo.
4. El FUT debe realizar diálogos bilaterales con sectores empresariales, Fuerzas Armadas, iglesias, Congreso Nacional, entre otros.
5. Es necesario obligar a las partes a concretar resultados medibles y viables, y buscar mecanismos de institucionalización y legitimación del diálogo.
6. El FUT debe involucrar a otros sectores en el proceso de diálogo, ya que muchas veces estas se realizan en forma aislada permitiendo un manejo político y la manipulación del régimen.
7. Hay que enfrentar con firmeza aquellos sectores que utilizando la calumnia, han pretendido desprestigiar a la dirección sindical con argumentos falsos.

Mesa de Diálogo sobre Modernización de las Relaciones Laborales

1. Habiéndose constituido la Mesa de Diálogo sobre Modernización de las Relaciones Laborales, el FUT debe definir una posición que tienda a comprometer a los otros actores en la necesidad de analizar y establecer reglas claras sobre las relaciones laborales, del respeto a los derechos, leyes y convenios internacionales, de la prevención y solución de los conflictos laborales, de la contratación colectiva, de la participación de los trabajadores en los procesos de modernización y reconversión industrial, etcétera.
2. Durante los años de vigencia del Código del Trabajo se han producido varias reformas, la mayoría de las cuales han sido adoptadas de manera unilateral e inconsulta con los trabajadores, y su aplicación se ha dirigido a debilitar los derechos laborales como el de asociación sindical, contratación colectiva, huelga, etcétera. Por otra parte encontramos en el Código del Trabajo varias disposiciones totalmente anticuadas que perjudican a los trabajadores, en este sent-ido se considera importante que el FUT designe una comisión de técnicos para preparar un proyecto de Reformas Laborales, cuya presentación será resuelto por la Dirección Nacional en el momento que políticamente estime conveniente. Este proyecto debe ser consensuado en las centrales sindicales con sus bases, pero a la vez se tiene que ganar aliados para su aprobación. Respecto al Código de Procedimiento Laboral, se considera que debe ser analizado más a mediano plazo, sin embargo de lo cual se recomienda que la misma comisión de Reformas del Código del Trabajo prepare una propuesta.
   
   

1. El FUT en su legítimo derecho de buscar espacios institucionales para preservar sus conquistas democráticas y exigir respeto a las leyes y convenios laborales, plantea la creación de la Defensoría Adjunta de los Trabajadores en la Defensoría del Pueblo, con el carácter de nacional.
2. En un primer momento y hasta cuando hayan las condiciones de la nominación del Defensor Adjunto, se suscribirá un Convenio entre el FUT y la Defensoría del Pueblo, para lo cual se nombrará una comisión de redacción conjunta.
3. El FUT nominará una comisión para redactar un Reglamento que permita la designación democrática de un coordinador encargado de viabilizar el convenio antes señalado.
   
   

"La Comunicación significa organización"

Colín Cherry

Introducción

La comunicación surge de la necesidad de tomar contacto con la realidad que nos rodea, para lograr entendimientos. Contacto que si tiene los mejores recursos concebidos, adquiridos y practicado, alcanzará el éxito deseado.

Hombres y mujeres, son creadores de muchas lenguas, lo es también de lenguajes, la evolución cultural, los avances científicos, electrónicos, mecánicos y tecno-científicos, han dado lugar a inmensas posibilidades comunicativas con instrumentos variados: figuras, gráficos, medios audiovisuales e informáticos.

A través de la multiplicidad de lenguajes que aparecen, este desarrollo de la ciencia y la tecnología ha impulsado este campo a denominar la era de las comunicaciones. Campo que sus resultados asombrosos ha facilitado la información (difusión) y comunicación del conocimiento de los derechos universales y obligaciones de cada uno de los actores.

Partiendo del concepto universal de comunicación que es "la transmisión de señales que configura un mensaje, el cual, va desde un emisor hacia un receptor, a través de un código común a los dos", esta, nos presenta la necesaria relación de dos actores a fin de que se produzca la comunicación, lo que ha medida que se perfecciona va adquiriendo más fuerza y cohesión, formándose a la vez más efectiva.

Las funciones de la comunicación dependen de los actores sociales que estén involucrados en una situación, de las necesidades e intereses que se hallen en juego, de la relación social que se establece entre las personas o entre los grupos, del contexto social y de las circunstancias en que se produzca la comunicación.

La comunicación puede estar al servicio de un proceso de educación, difusión, formación, pero también de deformación, puede servir para fortalecer a las organizaciones sociales o puede servir para dividir, manipular, confundir o destruir a estas. Puede ser una herramienta de la organización para defender sus derechos, para liberar a los pueblos o para engañar, oprimir o dominar.

Antecedentes

Los medios masivos de comunicación e información en el contexto mundial ejercen una poderosa influencia sobre la colectividad en el ámbito de sus ideas, sus sentimientos, sus comportamientos y su manera de vivir.

La comunicación ha establecido una relación social entre personas, grupos u organizaciones que entran en juego en este proceso. Este conjunto es un reflejo de las relaciones sociales que predominan en nuestro país y de los que se dan también a escala internacional.

La comunicación en el Ecuador como en otros ejes de acción del movimiento sindical y popular, se caracteriza por el apoderamiento de fuerzas identificadas con la globalización, la aplicación del modelo de libre mercado diseñado por las multinacionales, modelo, que con el programa de ajuste estructural y de la creciente competencia e intervención internacional busca: reducir la estabilidad, los costos laborales, la seguridad en el empleo, extender el número de infantes en el trabajo, promover empleos precarios con bajos salarios, disminución de beneficios y escasa seguridad social, cambios profundos en la organización de los procesos productivos y en las relaciones laborales, promoción desde los medios de información y comunicación de actitudes liberales como el egoísmo, el individualismo, el consumismo, la doble moral, el culto a la personalidad y estrategias para desprestigiar y debilitar al movimiento sindical y popular a través de una campaña de difamación contra los/as dirigentes/as y el movimiento.

La imposición de este modelo tiene un impacto creciente en la vida de los trabajadores/as y el pueblo, demostrando ser desastroso para el desarrollo social ya que a profundizado los diferentes problemas que afecta a los sectores populares de nuestro país como la tendencia al incremento de los índices de corrupción en los organismos públicos y privados, caída del poder adquisitivo de sueldos y salarios, incremento del desempleo que cae pesadamente sobre trabajadores/as principalmente de jóvenes, mujeres y de mayor edad y en aquellos con niveles bajos de salud, educación, vivienda, servicios básicos, seguridad social, etcétera. El incremento del subempleo, a aquel sector denominado como sector informal que se encuentra huérfano de protección de la ley y garan-tías sociales, la discriminación de género, cultural y social, el deterioro acelerado del medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos naturales, produciendo el crecimiento de la pobreza y la migración, así desconociendo los derechos humanos y fundamentales y produciéndose una violación sistemática a los derechos humanos.

El control sobre la tecnología y sobre los medios de comunicación por parte de las transnacionales en el ámbito mundial y por parte de las clases dominantes criollas, a escala nacional, ha transformado a estos medios en instrumentos de dominación ideológica, política y económica; dominación que se efectúa en cada instante de la vida cotidiana de las grandes masas de trabajadores/as y el pueblo.

En el país predomina procesos de comunicación e información vertical autoritaria al servicio de relaciones de dominación, se genera conflicto, resistencia y oposición. Los medios masivos de comunicación ejercen una poderosa influencia sobre la colectividad en el ámbito de sus ideas, sus sentimientos, sus necesidades, comportamientos, su manera de vivir.

La constante información que se difunde expresa el punto de vista de los intereses de la clase dominante, los medios de comunicación seleccionan los hechos que muestran las virtudes del sistema o aquellas que permite combatir las ideas del movimiento popular y sindical o cualquier tendencia que pueda poner en peligro la estabilidad del orden establecido.

La manipulación de la información se expresa de manera anárquica con que son presentados los hechos noticiosos, los cuales aparecen descontextualizados y desconectados entre sí, ocultando las causas reales de los problemas.

El sensacionalismo de la crónica roja, el culto a las imágenes de " los grandes personajes" como artistas, magnates, empresarios, etcétera, que estereotipan valores y modos de vida de la clase dominante, constituye una forma de distraer la atención de los problemas cotidianos de trabajadores/as y de ejercer la dominación ideológica sobre la población.

El desconocimiento de leyes, convenios, normas internacionales de trabajo y demás derechos fundamentales, ha limitado la exigibilidad de ellos, pues, en los medios de comunicación no sé difunden desde una óptica de los trabajadores, además de que el movimiento sindical no tiene acceso a esos espacios de difusión y cuando los tiene son muy limitados.

La falta de un tratamiento político de este tema a impedido que el movimiento pueda realizar un trabajo que impulse la comunicación y difusión de los derechos laborales.

Objetivos

Frente a esta situación corresponde a los sectores sindicales y populares desarrollar su propia comunicación que sea alternativa a la comunicación imperante:

1. La comunicación y la información de leyes, convenios, pactos y derechos deben llegar a todos los trabajadores/as de los diversos sectores tanto populares como sindicales, por todos los medios disponibles. Esta comunicación apuntaría a sensibilizar y fomentar el diálogo, el mismo que motivaría a la participación y a la exigibilidad de los derechos humanos.
2. La comunicación y la información se impulsarán para conocer y transformar la realidad, para fomentar la relación y la unidad entre trabajadores, para crear identidad sindical, para concientizar que el movimiento sindical no se contrapone a los derechos colectivos, para afirmar los derechos a la contratación colectiva, de negociación, a la seguridad social, a trabajar en un lugar sin contaminación, a que se respete las normas de higiene y la conservación del medio ambiente. En definitiva, exponer que los derechos sindicales son derechos humanos.
3. Transformar a la comunicación actual en una herramienta de liberación, que responda a los intereses y necesidades de los sectores- populares y sindicales. Debe estar al servicio de las organizaciones para promover sus luchas reivindicativas.
4. Acogerá las diversas formas de expresión y comunicación, propias de sectores populares y sindicales.
5. Fomentará el diálogo y la participación de diferentes sectores para permitir una relación directa la participación en diferentes medios.
6. Impulsará por diversos medios la movilización articulada a escala nacional e internacional.
7. Incursionará el Movimiento Sindical en los medios de comunicación de tecnología avanzada.
8. Coordinaran actividades de educación y difusión de los derechos sindicales.

Estrategias

La mejor garantía para reclamar nuestros derechos es el conoci-miento de ellos, con los que se emprendería un proceso de concientización y de educación, para fortalecer las organizaciones y promover la movilización popular en defensa de los intereses colectivos.

Todo el proceso comunicativo de los derechos de los/as trabajadores/as va desde la organización, planificación, recolección de la información, redacción de artículos, revisión y corrección, diseño y diagramación, impresión, distribución y evaluación. Todo este proceso debe empujarse desde las centrales sindicales.

Entendiendo que la lucha es contra un sistema que nos afecta a la mayoría de actores sociales a escala nacional e internacional, es necesario promover acuerdos y alianzas con diferentes sectores u organizaciones, tanto en el interior de nuestro país como en el exterior. El objetivo empuja a internacionalizar nuestras acciones por medio de la articulación de campañas que difundan, defiendan y exijan el respeto a nuestros derechos. Estas campañas apuntarían a la defensa de:

1. Derecho de Sindicación.
2. Derecho de Negociación Colectiva.
3. Abolición del Trabajo infantil.
4. Remuneración igual para hombres y mujeres.
5. Promoción de la igualdad de oportunidades y trato en materia de empleo y de ocupación.
6. Protección a trabajadores/as contra remuneraciones indebidamente bajas.
7. Información, protección e igualdad de trato en beneficio de los trabajadores inmigrantes.
8. Garantía de los beneficios de la seguridad social tanto para nacionales como para extranjeros.
9. Capacitación sindical, profesional y formal.
10. Democrac-ia plena.
11. Necesidad de servicios esencialmente preventivos con objeto de establecer y mantener un medio ambiente sano, seguro que favorezca la salud mental y física de los trabajadores/as.
12. Defensa de los derechos colectivos.
13. Ratificación de convenios internacionales.
14. Los derechos sindicales son derechos humanos.
15. De imagen sindical y popular.
16. De consignas reivindicativas.

Medios

La difusión permanente de estos derechos laborales, las normas internacionales de trabajo, algunos p-rotocolos, pactos, declaraciones o convenios, así como el contenido del Código de Trabajo y otras leyes deben impartirse por medios masivos y medios selectivos. Los primeros tendrán cobertura nacional e internacional y los selectivos con cobertura regional, por diversos medios visuales como periódicos, revistas, material impreso: afiches, volantes, circulares, correo, dípticos, trípticos; medios sonoros como la radio; medios audiovisuales como la televisión, videos; y, medios multimediales de última tecnología por medio de computadora.

La elección de los medios se realizará por cobertura geográfica y por número de audiencia, por la frecuencia y por los costos analizando costo por persona que lee, escucha, mira, etcétera.

Organismo de Coordinación y Ejecución

En la necesidad de promover una comunicación alternativa desde el sector sindical y popular es necesario estructurar un organismo de coordinación y ejecución del plan de difusión y comunicación en derechos humanos y sindicales. Este puede ser llamado comisión u organismo que será integrado por delegados de las centrales sindicales que realicen trabajos en los departamentos de Derechos Humanos y Comunicación.

Bibliografía: CEDIME , Manual de la Prensa Popular ; INEL-CEOSL, Política Educativa; CIOSL, Manual de Com-unicación; Beatriz Espin , Comunicación Escrita; Mónica Gavilán Ll.; Pedro Rojas R., Elementos Básicos de Comunicación para Un mejoramiento de la Imagen Sindical.

1. Contexto

El contexto en el que nos movemos la clase trabajadora es de un mundo caracterizado por los impactos de: la caída de muro de Berlín, la globalización y el desarrollo científico-tecnológico. Hechos que han provocado transformaciones en la organización del trabajo, en la división internacional del trabajo y en las relaciones laborales, adecuando las estructuras y prácticas económicas, jurídicas, ideológicas y políticas de nuestros países a las necesidades de acumulación de capital.

Como parte fundamental de este sistema, la educación formal y profesional se organiza para responder a las necesidades de reproducción de las relaciones de dominación y de acumulación, formando para el trabajo, intensi-ficando los procesos de explotación e intensificando el carácter mercantil del trabajo y del/a trabajador/a.

La educación de la clase trabajadora tiene que enfrentar esta realidad y organizar el proceso desde otro principio: educación para la vida. Proceso que articule orgánicamente la formación sindical, la educación formal y la formación profesional.

2. Principios

• La educación de los/as trabajadores/as es un proceso político sistémico, organizado desde el punto de vista de clase, que contribuye a la transformación tanto de las estructuras y prácticas sindicales como a la transformación del ser humano y de la sociedad en la que vivimos y actuamos.

• La educación de la clase trabajadora es un proceso dinámico en el cual trabajadores/as transforman sus conocimientos, sentimientos, actitudes y valores enajenados por el mundo de las mercancías, contribuyendo a la percepción crítica de la realidad, al fortalecimiento de la conciencia de clase y al desarrollo de capacidades para la acción política clasista que permita una constante acumulación de fuerzas en el terreno organizativo, de movilización y de lucha de los sectores populares. De esta manera, la educación se constituye en un espacio de liberación y constr-ucción colectiva en la que trabajadores/as son gestores/as y protagonistas de un proyecto político de liberación y de la construcción de la identidad de clase.

• La educación de la clase trabajadora se relaciona orgánicamente con la organización sindical, contribuyendo en su proceso de construcción, transformación, dinamización y fortalecimiento de su estructura orgánica para la defensa de los derechos, la consecución de sus intereses y aspiraciones de clase y aumentar la capacidad de lucha, movilización y negociación de los sindicatos.

• La educación de la clase trabajadora se relaciona orgánicamente con la acción político-sindical de trabajadores/as orientando a que, las acciones individuales y colectivas para la construcción de la sociedad, la organización y el ser humano que aspiramos los/as trabajadores/as, se desarrollen con identidad y pertenencia de clase.

• La educación de la clase trabajadora desarrolla los valores de: unidad de clase, autonomía e independencia de clase, igualdad, equidad, fraternidad, solidaridad, democracia.

• La educación de la clase trabajadora desarrolla una metodología adecuada y coherente con los principios, objetivos y valores que impulsa la clase trabajadora. Se parte de la propia experiencia de los/as trabajadores/as, reflexionar sobre ella, desarrollar los conocimientos y volver nuevamente a la práctica para transformar conscientemente la realidad individual y colectiva (práctica-teoría-práctica). Por lo tanto la metodología es liberadora permitiendo la construcción colectiva de conocimientos y propuestas para la acción: el proceso metodológico articula tres momentos fundamentales, acción-reflexión-acción.

• La educación y la metodología de la clase trabajadora es una tarea política y clasista, sus objetivos y métodos están ligados a los intereses, estrategias y proyectos; y por tanto, están inscritas dentro de las luchas y estrategia política global orientada a la transformación liberadora de la sociedad. Es decir están centradas en la realidad histórica concreta.

• La educación sindical es una prioridad fundamental para el desarrollo y consolidación de la clase trabajadora.

3. Objetivos

La- educación de la clase trabajadora apunta a:

• Consolidar el poder, la unidad y la organización de los/as trabajadores/as para que se constituyan en gestores de su propia liberación.
• Fortalecer el sindicalismo para aumentar la capacidad de respuesta y de propuesta de la clase trabajadora frente a los retos actuales.
• Desarrollar la conciencia y el compromiso de trabajadores/as, consolidando la identidad de clase, impulsando la lucha por los intereses de clase y asumiendo posiciones críticas y activas frente a las concepciones de la clase dominante.
• Potenciar la acción sindical socio-política para conseguir una nueva sociedad, una organización renovada, democrática y participativa y un ser humano íntegro.
• Incidir con políticas y propuestas en los planes y programas de la educación formal y la formación profesional para mejorar la educación de los/as trabajadores/as.
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• Fortalecer la vida democrática y equitativa de las organizaciones sindicales.
• Desarrollar los valores éticos y morales de la clase trabajadora.
• Promover la formación de nuevos/as cuadros.
• Potencializar en la vida de las organizaciones el conocimiento y la práctica de los derechos humanos y sindicales.
• Impulsar la creación de una Universidad del Trabajo para mejorar la educación de los trabajadores/as.

4. Ejes

La educación de la clase trabajadora se organizaría tomando en cuenta tres ejes fundamentales:

• Formación sindical.
• Educación formal.
• Formación profesional.

4.1 La formación sindical

La formación sindical de los/as trabajadores/as tiene algunos problemas fundamentales:

• La educación de los/as trabajadores/as en las diferentes centrales sindicales es heterogénea y desigual.
• Falta desarrollar un sistema nacional de formación sindical coherente que permita homogeneizar contenido y forma desde una posición clasista y unitaria.
• La cobertura es limitada para atender las demandas de educación de las diferentes organizaciones según sus necesidades.
• Falta una mayor coordinación entre las organizaciones al interior del movimiento sindical y de éstas con instituciones fraternas que apoyan el trabajo sindical.
• Faltan efectivos sistemas de evaluación y seguimiento de las personas que salen de los diferentes eventos educativos.
• Inadecuados mecanismos de selección de los/as participantes a las diferentes actividades educativas desperdiciando recursos y tiempo.
• Poco apoyo y poco tiempo dedicado a la investigación sistemática para la educación y actualización de temas.
• Las concepciones y procesos metodológicos en las diferentes organizaciones es heterogéneo.
• Falta una mayor generación de espacios de participación y seguimiento para las personas que salen de las diferentes actividades educativas.
• Falta identificar con precisión las necesidades de formación de las organizaciones.
• Falta más recursos económicos y materiales para la educación.

Ante estos problemas, la formación sindical apuntaría a:

• Constituir un sistema de formación y capacitación sindical para educar sindical y políticamente a trabajadores/as.
• Organizar equipos de educación formando formadores/as.
• Profundizar, dentro del movimiento sindical el proceso educativo y la metodología participativa.
• Afianzar los contenidos del sindicalismo básico y socio-político.
• Impulsar la investigación como espacio de renovación, actualización y construcción de temas de formación, estrategias y métodos que estén acordes con las demandas del movimiento sindical.
• Diseñar mecanismos que permitan una mejor selección de los/as participantes.
• Generar y fortalecer en las organizaciones, espacios de participación y acción para los/as trabajadores/as que están en procesos de formación.
• Diseñar planes y proyectos que permitan sostener el sistema de educación sindical.
• Impulsar la difusión de la educación sindical a través de medios de información colectiva.

Los programas de la educación de la clase trabajadora serían:

• Programa de formación y capacitación sindical básica.
• Programa de formación y capacitación en teoría económica.
• Programa de formación y capacitación en teoría política.
• Programa de formación y capacitación jurídica.
• Programa de formación y capacitación de formadores/as.
• Programa de formación de organizadores/as.
• Programa de promotores de derechos humanos y sindicales.
• Programa de formación y capacitación de especialistas en contratació-n colectiva.
• Programa de formación y capacitación en género.

4.2 La educación formal

El sistema de educación formal en el país, desde los/as trabajadores/as, tiene algunos problemas:

• Las reformas curriculares que se han implementado en el país no son participativas.
• La metodología de la educación sigue siendo autoritaria.
• Los contenidos de la educación no responden a las necesidades y aspiraciones de los/as trabajadores/as.
• No existen espacios o programas suficientes para el acceso de trabajadores/as a los diferentes niveles de la educación formal: primaria, secundaria y superior.

Ante estos problemas, la participación de la clase trabajadora en la educación formal apunta a:

• Contribuir con propuestas de formación integral para incidir en la implementación de reformas curriculares.
• Contribuir con propuestas para la implementación de una metodología participativa.
• Acceder a programas de educación para terminar la formación primaria y secundaria y acceder a programas de formación superior.

Los programas que permitiría participar en la educación formal serían:

• Programa de participación y negociación política para la educación formal.
• Programa de socialización de la metodología.
• Programa de diseño de propuestas para el acceso a los diferentes niveles de formación.

4.3 La formación profesional

La formación profesional en el país, desde la visión de los/as trabajadores/as, tiene algunos problemas:

• Falta un sistema integral e integrado de formación profesional.
• Faltan políticas claras que orienten la formación profesional.
• Falta de apoyo, por parte del Gobierno, a los esfuerzos de calificación de mano de obra.
• Poca participación de los trabajadores/as en la determinación de políticas y ejecución de programas.
• Falta propuesta curricular general.
• Desarticulación entre la capacidad instalada de oferta de formación profesional y las necesidades del aparato productivo.
• Falta un mayor financiamiento.

Ante estos problemas, la participación de la clase trabajadora en la formación profesional apunta a:

• Contribuir con propuestas de formación de un sistema integral de formación profesional en el país.
• Contribuir con propuestas para la implementación de una metodología participativa en la formación profesional.
• Acceder a programas de formación profesional que permita a trabajadores/as actualizar sus conocimientos y mejorar sus condiciones de trabajo y de vida.
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• Contribuir con políticas y propuestas para ampliar la cobertura de la formación profesional a otros sectores sociales populares: jóvenes, mujeres, discapacitados/as, tercera edad y otros.
• Relacionar la educación formal con la formación profesional para optimizar los recursos.

Los programas que permitiría participar en la formación profesional serían:

• Programa de participación y negociación política para la formación profesional.
• Programa de socialización de la metodología.
• Programa de acceso a los diferentes programas de formación profesional.
• Programa de diseño de políticas y propuestas para ampliar la cobertura de la formación profesional.
• Programa de concertación para la relación entre la educación formal y la formación profesional.
  
  

Para la evaluación, seguimiento y ajuste de este Plan Operativo, se deberá organizar una Comisión permanente del Derecho al Trabajo, la cual estará integrada paritaria y descentralizadamente, por representantes del Estado y la sociedad civil involucrada en este plan.

La Comisión del Derecho al Trabajo deberá coordinar sus acciones con los restantes integrantes del Plan Operativo de Derechos Humanos; elaborar los cronogramas de actividades respectivos, así como -los indicadores de financiamiento y gastos, y los indicadores de resultados, entre otros.

Además, para el primer trimestre del año 2002, esta Comisión deberá preparar un documento que resuma las acciones en marcha y/o concluidas del Plan Operativo del Derechos al Trabajo.

Este documento deberá formar parte del Plan Nacional de Derechos Humanos. Resultados 2003, que los actores involucrados, tanto del Estado y la sociedad civil, deberán dar a conocer al país.

© Asociación Americana de Juristas, AAJ - Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Tercera edición enero 2000. ISBN 9978-94-014-2 Plan Operativo de Derechos Humanos. Derechos de autor: 013063

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