En el sistema jurídico español la garantía normativa más importante consiste en el reconocimiento por parte del artículo 15 de la Constitución española de 1978 del derecho a la integridad física y moral:
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes...
En España el artículo 204 bis del Código Penal castiga de manera agravada a los funcionarios público o Autoridades que en el curso de una investigación policial o judicial y para obtener una confesión o testimonio, cometa alguno de los delitos comprendidos en los capítulos de homicidio, lesiones o amenazas y coacciones.
En el ámbito jurisdiccional, este derecho fundamental, como los demás derechos fundamentales, está protegidos tanto por la justicia ordinaria (procedimiento preferente y sumario), como por el Tribunal Constitucional (recurso de amparo) y por el Defensor del Pueblo (cfr. CE y Ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona del 26/12/1978).
También es importante la protección suministrada a través del Habeas Corpus y de la acción del Defensor del Pueblo.