C. Garantías institucionales internas

Entre las garantías normativas cabe citar el reconocimiento constitucional del derecho a la integridad psico- física y la consiguiente prohibición de la tortura y de las penas crueles, inhumanas y degradantes:

• La Constitución italiana de 1947 prohíbe en su artículo 13:

Toda violencia física y moral sobre las personas que se hallen sometidas, cualquiera que fuere en la restricción de libertad
• El artículo 27 de la misma Constitución establece que:

Las penas no pueden consistir en tratamientos contrarios al sentido de humanidad y deben tender a la reeducación del condenado.
• La Ley Fundamental de Alemania de 1949 en su artículo 2.2 establece que:

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física...
• La Constitución de Grecia de 1975 es aún mas precisa, pues prohíbe y castiga:

Las torturas, toda sevicia corporal, todo atentado a la salud o presión psicológica, así como cualquier otro atentado a la dignidad humana.
• La Constitución de Portugal de 1976 establece en el artículo 26:
1. La integridad moral y física de los ciudadanos es inviolable.
2. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, degradantes o inhumanas.
• La Constitución del paraguay de 22 de Junio de 1992 establece en el artículo 5 párrafo 1:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En algunas constituciones se establece incluso el principio de la imprescriptibilidad del delito de tortura. Así lo establece el artículo 5 de la Constitución del Paraguay de 22 de Junio de 1992, en el párrafo 2:
El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzada de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles.
Una garantía normativa importante es la consistente en la tipificación por las leyes penales del delito de tortura. Así lo reconoce el artículo 7 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 9 de Diciembre de 1975:
Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el artículo 1 constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a los actos que constituyen participación, complicidad, incitación o tentativa para cometer tortura.
Otras dos importantes garantías internas no el Habeas Corpus y la acción del ombudsman.