A. Garantías institucionales internacionales

Algunas veces la decisión de suspender el tratamiento no ofrece mayores dificultades. Este suele ser el caso de pacientes que se hallan en la fase terminal de una enfermedad y que, tras muchos meses o años de sufrimiento y luego de muchos esfuerzos para salvar su vida o por al menos mejorar su calidad, la muerte es inminente, y todo tratamiento resulta inútil, o tan sólo consigue la prolongación artificial de la existencia. En estos casos, frente al rápido deterioro de la condición del paciente y ante la proximidad incuestionable de la muerte, suele haber acuerdo unánime entre los miembros del equipo médico y la familia del enfermo, y la decisión, aunque siempre dramática, se hace evidente. No obstante, es una decisión muchas veces difícil de asumir, sea por la familia, sea por el equipo médico, aunque por lo general, y tras un proceso de diálogo y consultas con el religioso y el Comité de Etica del hospital, el tratamiento se retira. Pero otras veces la decisión no es tan evidente.

Es el caso de aquellos enfermos cuya condición, aunque muy mala, es relativamente estable. Esto es, su deterioro no es tan rápido, o es apenas perceptible, y es difícil pronosticar cuándo ocurrirá la muerte si se suspende el tratamiento. También sucede en estos pacientes estables, que el tratamiento mismo puede ser mínimo (agua, alimentación, oxígeno y antibióticos), y ninguno de sus componentes tiene de por sí una significación extrema (como sería el caso de un respirador artificial). Aquí deben maximizarse las precauciones procedimentales para llegar a una decisión acertada. Ello por varias razones:

1. Porque debe decidirse qué tratamiento retirar: ¿el agua? ¿la alimentación? ¿los antibióticos? Como regla general, se retirará el tratamiento considerado más extraordinario, pero cuál es aquél es una cuestión sobre la que suele haber desacuerdo.
2. Porque en que estos casos existe un gran desgaste físico y emocional tanto para la familia del enfermo cuanto para el equipo médico que lo asiste. Y también porque casos de este tipo pueden ser desgastantes económicamente para la familia del paciente. Dado que los factores emocionales (y económicos) pueden pesar de manera inconsciente en médicos y familiares, dificultándoles la toma de una decisión en favor de los mejores intereses del paciente, ya sea para continuar o para suspender el tratamiento, será preciso que, además de la consulta y la deliberación entre la familia, los médicos y el comité de ética del hospital, se recurra a una instancia independiente e investida de autoridad como para asegurar los derechos del paciente. Esa instancia será la autoridad judicial quien, oída la familia, los médicos y la voz de los expertos, decidirá sobre la suspensión o la continuidad del tratamiento.