A. Garantías institucionales internacionales

• Son varias las garantías normativas internacionales en el ámbito universal:
• En virtud del Artículo V de la Convención Internacional para la Prevención y sanción del delito de genocidio de 9 de Diciembre de 1948, los estados que se adhieren a la misma se obligan a introducir en su ordenamiento interno las disposiciones necesarias para cumplir las normas de la Convención:

Las Partes Contratantes se comprometen a arbitrar, de acuerdo con sus respectivas Constituciones, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente convención y, en particular, para proveer sanciones penales eficaces para las personas culpables de genocidio o de cualesquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3ª.
• El artículo 6,3 del Pacto Internacional de derechos Civiles y políticos, de 16 de Diciembre de 1966 reafirma el deber -por parte de los Estados signatarios de la convención anterior- de prevenir y sancionar el delito de genocidio:

Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y sanción del delito del genocidio.
• Varias críticas se han dirigido a la Convención en cuanto que instrumento insuficiente a la hora de proteger el derecho a la vida contra el genocidio. Sin duda las críticas más fuertes son las consistentes en afirmar(7).
1. La indeterminación de la cuestión de la pena, dejada completamente a discreción de los estados signatarios.
2. La pretensión irrealista de que el delito de genocidio, que no puede cometerse sin instrucciones o complicidades estatales, un estado pueda aceptar o castigar o hacer castigar a los que hayan actuado de acuerdo a sus instrucciones o apoyándose en su aquiescencia.
• También en la Convención para la prevención del delito de genocidio se prevé que los Estados signatarios de la misma se obligan a proteger a través de su legislación penal este tipo de delito.
• Todas las personas declaradas culpables de cometer el delito de genocidio deben ser castigadas penalmente. Así lo establece el artículo IV de la Convención:

Las personas que hayan cometido el genocidio o cualesquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya fuesen gobernantes constitucionalmente responsables, funcionarios públicos o particulares.
• En virtud del artículo III de la Convención son sancionables como delito de genocidio no sólo la realización efectiva de actos que constituyan genocidio, sino además la conspiración, la tentativa, la incitación y la complicidad para cometer tales actos:

Los actos siguientes serán sancionados:
1. El genocidio.
2. La conspiración para cometer genocidio.
3. La incitación directa y pública para cometer genocidio.
4. La tentativa del genocidio.
5. La complicidad en el genocidio.
• Otra garantía normativa importante -prevista en el artículo VII de la Convención- es la prohibición de considerar el delito de genocidio como delito político, siendo obligatoria, en consecuencia la extradición de aquellas personas que hayan cometido tal delito:

El genocidio y los otros actos enumerados en el artículo 3º no serán considerados como delitos políticos para los efectos de la extradición.
Las Partes Contratantes se comprometen en tales casos a conceder la extradición conforme a su legislación y los tratados en vigor.
• En el ámbito internacional cabe también una protección de tipo jurisdiccional: a través de Tribunales penales Internacionales aceptados por los Estados. Así lo establece el artículo VI de la Convención:

Las personas acusadas de genocidio de cualquiera de los actos enumerados en el artículo 3º serán llevados ante los Tribunales competentes del Estado en cuyo territorio el acto haya sido cometido, o ante el Tribunal Penal internacional que sea competente con respecto a aquellas Partes Contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.
• Cabe también una protección internacional institucional de carácter no jurisdiccional a través de la actuación de los diversos órganos de las Naciones Unidas. Así lo establece el artículo VIII de la Convención:

Cualquier Parte Contratante puede acudir a los órganos competentes de las Naciones Unidas para que éstos adopten, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, las medidas apropiadas para la persecución y represión de los actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3º.
Ha sido, sin embargo, el asilo, uno de los instrumentos de protección más repetido a la hora de proteger a poblaciones en peligro.