A. Garantías institucionales internacionales

Dentro de éstas se pueden encontrar varios tipos de garantías normativas. Desde la segunda guerra mundial existe, en el ámbito de la ONU y de las organizaciones regionales, la acogida en las normas internacionales, de la idea de la progresiva limitación de la aplicación de la pena de muerte e incluso de su abolición definitiva.

Puede hablarse, en este sentido, de cuatro niveles de ataque contra la pena de muerte:

1º Nivel:

Supone la creación de restricciones y de medidas de salvaguardia que deben observar los países donde la pena de muerte todavía no ha sido abolida. Con esas medidas se trata de salvaguardar la existencia humana contra ejecuciones arbitrarias o sumarísimas. Entre esa medidas figuran las siguientes:

• El reconocimiento (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) de los derechos de gracia e indulto, que podrán ser concedidos en todos los casos.

En forma similar se expresan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, -artículo 4.6-, Los Convenios Tercero y Cuarto de Ginebra de 1949 y en el número 7 de las medidas de salvaguardia para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte aprobadas por el Consejo Económico Social de Naciones Unidas en 1984, por medio de la Resolución 1984/50 de 25 de Mayo, y respaldadas por la Resolución 39/118 de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada el 14 de Diciembre de 1984.
• La pena de muerte sólo podrá imponerse para los delitos "más graves" (artículo 6.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves.

Nº 1 de las salvaguardias adoptadas por el Consejo Económico y Social de la ONU por medio de su resolución 1984/50 de 25 de Mayo de 1984(4).
• La prohibición de conculcar el principio de legalidad de los delitos y de las penas para imponer la pena de muerte (artículo 6.2 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos).
• La prohibición de conculcar el principio de la irretroactividad de las leyes penales para imponer la pena de muerte. (Artículo 6.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
• La prohibición de imposición de la pena de muerte en virtud de leyes que sean contrarias al Pacto de derechos civiles y Políticos o a la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. (Artículo 6.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos).
• La prohibición de la imposición de la pena de muerte por un órgano jurisdiccional que no sea competente (artículo 6.2 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos).
• La prohibición de imposición de la pena de muerte si no existe sentencia firme. (Artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
• La prohibición de la imposición de la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de dieciocho años de edad. (Artículo 6.5 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos).
• La prohibición de la aplicación de la pena de muerte a las mujeres que estén en estado de gravidez. (Artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Las normas internacionales también establecen una serie de previsiones para la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra. Esas previsiones son las siguientes:
• Información a los prisioneros de guerra y a las potencias de las que dependen, tan pronto como sea posible, de las infracciones punibles con la pena de muerte en virtud de la legislación de la Potencia en cuyo poder estén. (Artículo 100 párrafo primero del Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra de 12 de Agosto de 1949).
• La pena de muerte no podrá ser dictada contra un prisionero de guerra o contra un civil más que si se ha llamado la atención del tribunal, a tenor del artículo 87, segundo párrafo, especialmente sobre el hecho de que el reo, por no ser ciudadano de la Potencia en cuyo poder estén los prisioneros, no tienen respecto de ella ningún deber de fidelidad, y de que se encuentran en su poder a consecuencia de circunstancias ajenas a su voluntad. (Artículo 100 párrafo 2º del Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra de 123 de Agosto de 1949 y artículo 68 párrafo 3º del Convenio de Ginebra de sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra de 12 de Agosto de 1949).
• Prohibición de ejecución de la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de dieciocho años. (Artículo 68 párrafo 4º del Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra de 12 de Agosto de 1949. En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 77 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. También, en el mismo sentido se expresa el artículo 6 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional).
• En la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar la imposición de la pena de muerte a las mujeres en cinta o a las madres con niños de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto armado. No se ejecutará la pena de muerte impuesta a esas mujeres por tales delitos. (art. 76 del protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 relativos a la protección de las victimas de los conflictos armados internacionales. En el mismo sentido se expresa el artículo 6 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional).
• Prohibición de ejecución de un prisionero de guerra o de un civil antes de seis meses contados a partir del momento de la notificación detallada de la sentencia a la Potencia de la que depende el prisionero de guerra. (art. 101 del Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra de 12 de Agosto de 1949 y art. 75 párrafo 2 del Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra de 12 de Agosto de 1949).
• Prohibición de imposición de la pena de muerte para las personas no combatientes o combatientes que han depuesto las armas o están heridos, sin juicio previo, con condena emitida por un tribunal regularmente constituido y con las debidas garantías procesales. (Artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949).

2ª Nivel:

prohibición de interpretación de las normas internacionales en el sentido de impedir o demorar la abolición de la pena de muerte:

• El artículo 6.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando afirma que ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.
• El artículo 3 del Protocolo Nº 6 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la pena de muerte establece:

No se autorizará excepción alguna a las disposiciones del presente Protocolo invocando el artículo 15 del Convenio.
• El artículo 4 del mismo Protocolo establece

No se aceptará reserva alguna a las disposiciones del presente Protocolo invocando el artículo 64 del Convenio.

3º Nivel:

Prohibición de restablecimiento de la pena de muerte en aquellos países en que haya sido abolida.

Así lo establece el artículo 3º de la Convención Americana de derechos Humanos que establece que

No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido

Argentina había abolido la pena de muerte para todos los delitos en 1921 y 1972. Pero la restauró en 1976 tras el golpe de Estado militar de 1976. Brasil la había abolido en 1882, pero la restauró en 1969, cuando estuvo bajo un gobierno militar.

4ª Nivel:

Desarrollo de tratados y resoluciones sobre la abolición de la pena de muerte.En el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Caracas, del 25 de Agosto al 5 de Septiembre de 1980, se aprobó una resolución ,que es una Declaración conjunta de 42 organizaciones internacionales no gubernamentales, reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, por la que se pide(5):

• Que la Asamblea general de las Naciones Unidas promulgue una declaración que inste a su total abolición.
• Que los gobiernos que aún mantienen la pena de muerte cesen en su uso.
• Que las organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos humanos realicen el mayor esfuerzo posible para conseguir su total abolición.

En el ámbito del Consejo de Europa es importante señalar la resolución del Parlamento Europeo, de fecha 12 de Marzo de 1992 en la que se estima que:

Ningún país, y con mayor razón una democracia, puede disponer de la vida de sus ciudadanos recurriendo a la pena de muerte para sancionar crímenes, por graves que éstos sean.

En esa resolución se pide, en consecuencia, la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y explícitamente en los Estados de la Comunidad Europea en que aún esté vigente: Grecia, Bélgica, Italia, el Reino Unido y España (en esta última prevista para el estado de guerra).

En el ámbito regional americano es importante el Protocolo a la Convención Americana de los derechos del Hombre referente a la abolición de la pena de muerte, adoptada en Santiago de Chile el 8 de Junio de 1990, el cual además de establecer la abolición de la pena de muerte en el artículo 1 establece dos garantías para el supuesto de que los Estados Partes en el Protocolo se reserven el derecho a aplicar la pena de muerte en tiempos de guerra (Artículo 2.1):

1. El Estado Parte que haga tal reserva debe comunicar al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, en el momento de la ratificación del protocolo o de la adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempos de guerra (artículo 2.2).
2. Este Estado parte notificará al Secretario general de la Organización de Estados Americanos todo comienzo o todo fin de un Estado de guerra sobre su territorio. (Artículo 2.3).