La garantía del proceso conforme a derecho

Significa esta garantía que deben seguirse todas las formalidades de un proceso a efectos de garantizar adecuadamente los derechos fundamentales. De tal forma que entre el aspecto formal (trámites y actos procesales) y el contenido material de los derechos existe una unidad esencial que no debe ser quebrada.

Caracteres:

Una manifestación de esta garantía la podemos encontrar en el artículo 25 de la CE ,cuyo último párrafo establece que los órganos administrativos no jurisdiccionales no podrán imponer sanciones que directamente o subsidiariamente impliquen privación de libertad. De tal forma que sólo a través de un juicio penal y de sus correspondientes garantías procesales puede imponerse una sanción que implica privación de libertad.

Clasificación

Como especificación de esta garantía podemos señalar, dentro del proceso penal, una serie de instrumentos que actúan también como medio de garantía de los derechos humanos. Esos instrumentos son los siguientes:

a') La detención debe ser conforme a Derecho

El precepto constitucional que reconoce esta garantía es el párrafo 1º del artículo 17 de la CE.

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.(art. 17 párrafo 2 de la CE).

El detenido debe ser informado de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. En la parte especial de este Curso hacemos referencia a los derechos que asisten al detenido.
 

b') El Habeas Corpus

A él nos referiremos cuando hablemos de las garantías específicas.
 

c') La imposición de la prisión provisional

La prisión provisional es una medida cautelar que debe ser establecida por la autoridad judicial sólo en determinados casos y siempre con el límite fundamental de un plazo máximo (art. 17, 4º de la CE).

Además, la forma de establecer la prisión provisional debe ser la estrictamente fijada por la ley.
 

d') El control jurisdiccional de los registros domiciliarios

El párrafo 2º del artículo 18 de la CE establece la inviolabilidad del domicilio. Y señala además que ninguna entrada o registro podrá realizarse sin resolución judicial, salvo en caso del flagrante delito o por consentimiento expreso del titular.
 

e') El control judicial de las comunicaciones

Sólo mediante resolución judicial se puede quebrantar el secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. (Art. 18.3 de la CE).

 
f') El control judicial del secuestro de publicaciones y grabaciones

Sólo se puede acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. (Artículo 20.5).
 

g') El asesoramiento y defensa por parte de un abogado

Todo acusado, en materia penal tiene el derecho, dentro de la garantía judicial del debido proceso, el derecho a ser defendido y asesorado por un abogado defensor.

La protección del acusado es la razón fundamental que justifica la existencia de la asistencia técnico-jurídica, tanto por ser el detenido lego en materias jurídicas cuanto por su condición de detenido que le imposibilita para poder defenderse.

Esta garantía implica, a su vez, las siguientes:

• El derecho a ser informado de tal derecho.
• El derecho a elegir su propio abogado, y en defecto de esa elección a tener nombrado, de oficio, un abogado designado por el Colegio de abogados y no por la Administración.
• El derecho a que el nombramiento del abogado se haga desde el mismo momento de la detención. En algunos países, como por ejemplo, Mongolia, se tiene el derecho a la asistencia letrada una vez terminada la investigación preliminar y cuando el acusado es informado de los cargos.
• El derecho a que no haya períodos de incomunicación en relación con el abogado (como sucede, por ejemplo, en el sistema jurídico sueco, donde no existe tal incomunicación)
• El derecho a comunicarse con su abogado.
• El derecho a la intimidad en la comunicación entre abogado y el detenido.
• El derecho a que el abogado esté presente en los interrogatorios.
• La preparación de la defensa dentro del proceso.
• El control de la legalidad de las medidas tomadas en relación al acusado.
• El aseguramiento de un trato digno y el respeto a la integridad del acusado.
• Protección e investigación de las pruebas en relación al hecho imputado.
• Asesoramiento en la demanda por los perjuicios que se hubieran irrogado al acusado en virtud de la inculpación.
• El aseguramiento de realización del proceso debido.

• La imposibilidad de elección libre del abogado defensor.
• La obstaculización de la comunicación entre acusado y abogado.
• La obstaculización por parte del poder del Estado de la imprescindible independencia de la profesión de abogado, bajo el pretexto de que la misma y los medios de defensa obstaculizan la realización de la justicia y generan - en ocasiones- la impunidad.

• Las garantías normativas:
• Artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Artículo 14.3 d) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
• Artículo 6.3 c) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
• Las garantías institucionales orgánicas:
• En la O.N.U.:
• La actividad de un Relator Especial en relación a la Subcomisión de Prevención de discriminación y protección de las minorías, tendente a formular principios sobre la asistencia letrada.
• La actividad de la Comisión de Derechos Humanos.
• La elaboración de informes y estudios sobre el tema.
• La acción de organizaciones no gubernamentales acreditadas.
• En el ámbito regional:

En el Consejo de Europa:
• La acción de la Comisión de Derechos Humanos.
• La acción del Comité de Ministros.
• La acción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• La acción de organizaciones no gubernamentales.
En el ámbito interno:
• A través de la acción del Tribunal Constitucional
• A través de la consagración normativa, constitucional y no constitucional, del principio de la independencia del poder judicial.
• A través de la acción de los jueces y abogados en el desempeño de su función.
• A través de la acción de organizaciones estatales e internacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales.

h') El derecho a ser informado sobre la acusación formulada

El conocimiento del inculpado sobre los hechos que motivan la acusación es un presupuesto para la buena ordenación y fin de la propia defensa. (art. 24.2 de la CE).

Esta información es independiente de la que debe facilitarse al detenido acerca de las causas y razones de su detención.(22)
 

i') La existencia de un proceso público

La publicidad es una garantía fundamental del proceso penal. Está reconocida esta garantía en el art. 24.2. de la CE, en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
 

j') La evitación de dilaciones indebidas

Viene reconocida esta garantía en el artículo 14, 3 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 24.2 de la CE.

El retraso malicioso en la Administración de justicia está tipificado como delito en el artículo 357 del código penal español vigente.

Además, el retraso en la administración de justicia (a no ser que sea debida a la conducta del acusado) debe ser causa de responsabilidad civil a cargo del Estado, como manifestación de funcionamiento anormal de los servicios públicos de la justicia, sin perjuicio del derecho del Estado a exigir las responsabilidades en que hubieren incurrido los funcionarios culpables o negligentes.(23)
 

k') La existencia de limitaciones sobre el contenido de las declaraciones

Las limitaciones sobre el contenido de las declaraciones pueden ser por tres razones:

• Limitaciones por razón de parentesco. (CE, art. 24.2).
• Limitaciones por razón de secreto profesional. (CE, art. 24.2).
• Limitaciones por razón de respeto a la conciencia (CE, art. 16, 2, que garantiza que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión, creencias o ideología.

No se puede pedir a nadie que declare contra sí mismo, o se confiese culpable de un delito. (CE, art. 24, 2).

Es más, en virtud del artículo 14 letra g del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la confesión voluntaria de realización de un delito no dispensa a la autoridad judicial, de practicar las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento sobre la verdad de la confesión.
 

m') La presunción de inocencia

Esta garantía viene reconocida internacionalmente en:

• El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
• El artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• El artículo 6.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La presunción de inocencia supone que la culpabilidad no se puede nunca presumir, sino que ha de ser probada. Ni los indicios, ni las meras sospechas pueden fundar una condena, de ahí la importancia de los hechos probados como base de la misma. (24)
 

n') La posibilidad de utilizar medios de prueba para la defensa

El artículo 24, 2 de la CE de 1978 reconoce el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.

Esta garantía supone:

• La libertad para acceder a los medios de prueba.
• La libertad para poder alegar los medios de prueba en juicio.

El artículo 121 de la CE reconoce el derecho a ser indemnizado por el Estado, tanto por los daños causados por error judicial , como por los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
 

p') Respeto del principio de legalidad de los delitos y de las penas, de los principios que de él derivan, como es el principio general de irretroactividad de las leyes penales más perjudiciales

El principio de legalidad ha sido estudiado con anterioridad en el apartado correspondiente a las garantías normativas.
 

q') Las garantías establecidas, en relación a la pena de muerte

Esas garantías serán estudiadas en el apartado referente al derecho a la vida frente a la pena de muerte.
 

r') La prohibición de que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad consistan en trabajos forzados

s') La prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas o degradantes

t') La prohibición de suspensión de derechos fundamentales del con denado, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido de la sentencia condenatoria, el sentido de la pena y la ley penitenciaria

u') El establecimiento de la función reeducadora de la pena (CE, art. 25.2)

v') El reconocimiento del derecho de los presos a un trabajo remunerado, y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad (CE, art. 25)