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C. Garantías en el sistema jurídico español
En España una garantía normativa de los derechos de los consumidores y usuarios vienen constituida por el reconocimiento dentro del ámbito constitucional del genérico derecho a la salud- recogido en el artículo 43 de la Constitución española de 1978- y del concreto reconocimiento de estos derechos en el artículo 51:
  1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, las seguridad, la salud, y los legítimos intereses económicos de los mismos.
  2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
  3. En el marco de los dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
La Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley 26/1984 de 19 de Julio, que desarrolla el precepto constitucional tiene tres objetivos fundamentales (5) : Otra garantía institucional existente en el sistema jurídico es el consistente en el arbitraje de consumo.

El arbitraje de consumo se lleva a cabo mediante el proceso arbitral. El cual se inicia se inicia con la presentación de solicitud de arbitraje por parte de un consumidor o usuario. La solicitud de arbitraje se tramita personalmente, o a través de las asociaciones de consumidores y usuarios, ante la Junta Arbitral de Consumo más cercana al domicilio del consumidor. Quien decide es el llamado Colegio Arbitral, que está compuesto por tres árbitros. Uno en representación de los consumidores, otro en representación del sector empresarial implicado y un tercero, que ejerce como presidente, en representación de la Administración. El proceso concluye con un laudo de obligado cumplimiento por las partes.

Otra importante garantía es la suministrada por las leyes penales, mediante la persecución, entre otros, de los fraudes alimentarios.

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