Garantías institucionales en el ámbito de la ONU
Una garantía normativa viene constituida por el reconocimiento
en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del derecho a la
no discriminación de sexo. En defensa de este derecho se disponen
por parte de la mujer de los instrumentos allí previstos en su defensa.
A esos mecanismos ya hicimos referencia en la Parte General en el capítulo
referente a la protección de los Derechos Humanos en el ámbito
universal.
Otra garantía normativa está constituida por una serie
de convenciones relativas específicamente a los derechos de la mujer:
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En 1979, las Naciones Unidas aprobaron la "Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer". Sin duda,
es la convención más importante. El tratado, que entró
en vigor en 1981, abarca las medidas que han de adoptarse para eliminar
la discriminación contra la mujer en diversas esferas, entre ellas,
la vida política, y pública, la nacionalidad, la educación,
el empleo, la salud, el matrimonio y la familia. Se dedica especial atención
a los derechos de las mujeres de las zonas rurales, a la necesidad de eliminar
los estereotipos basados en el sexo, a eliminar la explotación de
la prostitución y a conceder a las mujeres la igualdad con los hombres
ante la Ley.
Los Estados partes informan periódicamente al Comité
para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer,
creado en virtud de la Convención, sobre los progresos que han realizado
en la aplicación de las disposiciones del tratado. El Comité,
integrado por 23 expertos elegidos por los Estados parte, se reúnen
todos los años para recibir estos informes. El Comité ha
pedido más información sobre la condición jurídica
y social de las mujeres de las zonas rurales, los niveles de remuneración
y las tasas de desempleo entre hombres y mujeres; las medidas adoptadas
para que las mujeres participen más en los niveles de toma de decisiones
en la administración y gestión, y las medidas para superar
los obstáculos a la igualdad que se desprenden de los prejuicios,
las costumbres y las prácticas.
El Comité ha sugerido también que los Estados parte consideren
la posibilidad de crear instituciones públicas para asegurar la
eliminación efectiva de la discriminación contra la mujer,
y que en los países donde ya existan esas instituciones, los Estados
parte las utilicen plenamente.
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Entre las demandas específicas en relación al género
y la ecología, aún sin reglamentar, podemos citar los objetivos
del programa de acción para el siglo XXI diseñado durante
el Congreso Mundial de la Mujer para un Planeta Sano (Miami, 8 al 12 de
Noviembre de 1991). Algunas de estas propuestas son:
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Exigir que las mujeres participen plenamente y en pie de igualdad con los
hombres en la adopción de decisiones y la aplicación de políticas
a nivel internacional, nacional y local.
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Reclamar la realización de estudios sobre la duración del
trabajo femenino teniendo en cuenta las labores domésticas y el
cuidado de los niños y de las personas de edad.
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Impulsar la aprobación de un código de conducta frente al
medioambiente en los círculos comerciales e industriales, así
como en el seno de los gobiernos y de los organismos internacionales.
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Apoyar a las poblaciones autóctonas en sus esfuerzos por defender
su entorno natural.
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Exigir el término de las pruebas nucleares y el desmantelamiento
de las instalaciones nucleares existentes.
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Fomentar la educación ambiental en las escuelas.
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Comprometerse a emplear los medios de presión de que disponen las
mujeres como consumidoras para favorecer y estimular a las empresas e instituciones
que se preocupan del medio ambiente y boicotear a las demás; etc.
Es también subrayable la acción realizada en el ámbito
de las naciones Unidas por La Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer que elabora convenciones referentes a los derechos
de la mujer, y que se reúne cada dos años para examinar los
progresos realizados por las mujeres para lograr la igualdad en todo el
mundo. La Comisión colabora estrechamente con diversos organismos
especializados, y en particular con la Organización Internacional
del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura en cuestiones que afectan a los derechos económicos
y el derecho a la educación.
Hay que tener en cuenta, además, los programas de las Naciones
Unidas para la mujer destacan tanto la igualdad de derechos como la igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres. En estos programas, se destaca
el papel de la mujer en la familia, así como la plena integración
de la mujer en el desarrollo económico, social y político
de los países. También se estudia la relación entre
la condición jurídica y social de la mujer y las poblaciones
nacionales.
En junio de 1985 se celebró en Nairobi una Conferencia Mundial
para el examen y la evaluación de los Logros del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer, y se aprobaron estrategias para mejorar
la condición de la mujer antes del año 2000. Las estrategias
se centraban en los procedimientos para mejorar la condición jurídica
de la mujer, así como su papel en todas las esferas de las actividades
de desarrollo y en la promoción de la paz y la seguridad internacional.