F. Contenido

• El ejercicio de este derecho tiene las siguientes limites:
• Limitaciones justificadas por razones de orden público, de seriedad pública y de salud pública. (Artículo 1 de la Carta Comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 9 de Diciembre de 1989).
• La sujeción a las disposiciones legales para la residencia. (Artículo 22. 1. del Pacto de San José de Costa Rica).
• Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones, salvo cuando éstas se ajusten a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. (Artículo 8.3. de la declaración de los derechos y Libertades Fundamentales, aprobada Por el Parlamento Europeo en virtud de la Resolución de 16 de Mayo de 1989).

• Derecho de los nacionales a entrar en el territorio de su país y a no ser expulsado del mismo. (Artículo 3.2 del Protocolo 4º del Convenio de Roma). El PIDCP lo limita a la prohibición de la privación arbitraria del derecho a entrar en el propio país. (Artículo 12. 4).
• Derecho de salida (artículo 8.3. de la Declaración de los derechos y Libertades Fundamentales, aprobada e virtud de la resolución del Parlamento Europeo de 16 de Mayo de 1989).
• El derecho de toda persona (nacionales, extranjeros, apátridas) a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado en que se encuentre legalmente. Si se trata de un extranjero o apátrida, el ejercicio de este derecho se subordina a una autorización válida de residencia o de establecimiento (art. 13.1 de la Declaración Universal, art. 12. 1 del PIDCP, art. 2.1 del Protocolo número 4 del Convenio de Roma y art. 22. 1 del Pacto de San José).
• El derecho a abandonar un país cualquiera, incluso el propio (art. 12. 2 del PIDCP, art. 2.2 del Protocolo número 4 del Convenio de Roma, art. 22. 2 del Pacto de San José y artículo 8.3. de la Declaración de los derechos y Libertades Fundamentales, aprobada e virtud de la resolución del Parlamento Europeo de 16 de Mayo de 1989).

Este derecho tiene excepciones motivadas por el orden público (art. 2.3 del Protocolo número 4 del Convenio de Roma y art. 12.3 del PIDCP). Así, quien cumple una pena de detención queda privado momentáneamente del ejercicio de estos derechos.
• Derecho a no ser expulsado del territorio del Estado del que se es nacional (art. 22. 5 del Pacto de San José y 3.1 del Protocolo 4º del Convenio de Roma).
• El derecho de los extranjeros a no ser expulsados, sino de acuerdo con una disposición adoptada de acuerdo con la ley (art. 22. 6 del Pacto de San José).

En el ámbito universal ninguna norma de Derecho Internacional prohíbe la expulsión de extranjeros. Sin embargo, la expulsión no puede ir acompañada de daños, vejaciones o sufrimientos inhumanos.
La sentencia arbitral en el caso Maal concedió una indemnización únicamente por las afrentas que sufrió el interesado pues fue arrestado, desnudado y ridiculizado antes de la expulsión del país.
Esta doctrina la ha mantenido también la Comisión Europea de Derechos Humanos en numerosas decisiones, de acuerdo con el artículo 3 del Convenio de Roma.
Para la expulsión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos dispone:
• Artículo 13:

El extranjero que se halle legalmente en territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que le asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión o bien ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.
• Están prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros (art. 4 del Protocolo 4º del Convenio de Roma y art. 22. 9 del Pacto de San José). Son las medidas que obligan a extranjeros que constituyen un grupo, a salir de un país, sin que se haya procedido a un examen razonable y objetivo de la situación particular de cada miembro del grupo.
• El derecho al trabajo. (Artículo 1.2. de la Carta comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de diciembre de 1989).
• El derecho a la seguridad social. Derecho que está previsto en el artículo 1.2. de la Carta comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de Diciembre de 1989, y en el artículo 13 de la carta Social Europea, que establece:

1. A cuidar de que toda persona que no disponga de recursos suficientes, ni esté en condiciones de procurarselos por sus propios medios o de recibirlos de otras fuentes, especialmente de las prestaciones procedentes de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que necesite su estado;
2. A cuidar de que las personas que se beneficien de una tal asistencia no sufran por ello una disminución de sus derechos políticos y sociales;
3. A prever que todo el mundo pueda obtener, de servicios competentes públicos o privados, cuantos consejos y ayuda personal necesiten para prevenir, poner término o aliviar su situación personal o familiar.
4. A aplicar las disposiciones a que se refieren los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo sobre u pie de igualdad con sus nacionales, a los ciudadanos de las partes Contratantes que se encuentren legalmente en sus territorios, en conformidad con las obligaciones que han asumido en virtud de la Convención Europea de asistencia Social y Médica firmada en París el 11 de Diciembre de 1953.

• El derecho a la reunificación familiar (artículo 1.3. de la Carta comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de diciembre de 1989 y artículo 10 de la Convención Internacional sobre los derechos de los Niños, de 1989).
• El derecho a la supresión de obstáculos derivados de la falta de reconocimiento de lo mas y calificaciones profesionales equivalentes. (Artículo 1.3. de la Carta comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de diciembre de 1989).
• El derecho a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. (Artículo 1.3. de la Carta comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de diciembre de 1989).

• La libertad de circulación es presupuesto del derecho de residencia.
• La libertad de residencia y la libertad de circulación son condiciones indispensables para trabajar en otro país. Ambas son presupuesto necesario y garantía del derecho al trabajo. Y a través de él con todos los derechos que del mismo derivan.
• Ambas libertades son también presupuesto y garantía del derecho a la libertad de expresión y de los derecho a la seguridad y libertad personal.