C. Garantías institucionales en el sistema jurídico español

• Entre las garantías normativas de carácter constitucional figuran las siguientes:
• El reconocimiento del derecho por la Constitución de 1978 como derecho fundamental.

El artículo 18.2 de la CE establece este derecho en términos tajantes:
El domicilio es inviolable.
Y reconoce sólo dos límites a esa afirmación (Artículo 18.2):
1º El consentimiento del titular del derecho.
Ese consentimiento debe ser explícito, y nunca supuesto o sobreentendido.
2º Resolución judicial, salvo en el supuesto de delito flagrante.
• La reserva de ley orgánica como instrumento de regulación del derecho, en aplicación del artículo 81.1 de la CE.
• El desarrollo normativo de este derecho deberá siempre respetar el principio del contenido esencial del mismo (en aplicación del artículo 53.1 de la CE).
• El desarrollo normativo de la Constitución respecto de este derecho, que realice el Gobierno, por vía reglamentaria, deberá ser siempre respetuoso del principio de legalidad y será siempre susceptible de control judicial. (En aplicación del artículo 103.1 de la CE en relación con el artículo 97 y 106.1 de la CE).
• La garantía normativa de carácter penal

La garantía normativa de tipo penal viene constituida por la tipificación del delito de allanamiento de morada.
• En el código penal español, el artículo 490, establece que:

El particular que entrare en morada ajena o sin habitar en ella se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador será castigado con arresto y multa de 100.000 a 500.000 pesetas. Si el hecho se ejecutase con violencia o intimidación, la pena será de prisión menor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas.
• Por su parte el artículo 191 del código penal español sanciona el allanamiento de morada realizado por un funcionario:

El funcionario público que no siendo autoridad judicial, entrare en el domicilio de un súbdito español sin su consentimiento, fuera de los casos permitidos por las leyes.
• Las garantías orgánicas jurisdiccionales

En cuanto que ubicado en la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título 1º del Constitución, el derecho a la inviolabilidad del domicilio está protegido con las máximas garantías jurisdiccionales:
• El recurso de amparo, en aplicación del artículo 53.2 de la CE, de acuerdo con los artículos 41 a 58 y de la disposición transitoria 2ª de la Ley Orgánica 2/ 1979, de 3 de Octubre.
• El recurso de inconstitucionalidad.
• El procedimiento judicial basado en los principios de preferencia y sumariedad, en aplicación del artículo 53.2 de la CE.

Ese procedimiento judicial está desarrollado por la ley 62/1978, de 26 de Diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la persona.
• La posibilidad de plantear una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.