En Enero de 1992 los medios de comunicación social dan la noticia de que ha sido descubierta la existencia de una red ilegal de venta de datos informatizados, cuyos bancos de datos contenían información de datos íntimos de muy variada índole, de veintiún millones de ciudadanos españoles. Los datos habían sido obtenidos ilegalmente de los Ministerios de la Presidencia, Interior, Trabajo y Hacienda(1).