A. Garantías institucionales internacionales

Además de los mecanismos clásicos de protección internacional citados en la parte general en el apartado dedicado a las garantías internacionales institucionales, interesa destacar el establecido específicamente en la Convención.

El 9 de diciembre de 1975 fue presentada y aprobada por la Asamblea general una Declaración sobre protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Serviría como dice su Preámbulo "como norma de orientación para todos los Estados".

Con la finalidad de dar fuerza coercitiva a esta declaración se puso en marcha un Proyecto de Convención contra la tortura. En 1977 se crea un Comité ad hoc de Expertos y siete años mas tarde (6 de mayo de 1984), la Comisión de Derechos Humanos envía el Proyecto a la Asamblea General, que es aprobado, por Resolución 39/XLVI, el 10 de diciembre de ese mismo año.

El paso de una declaración en l975 a una convención en l984, evidencia una evolución hacia formulaciones de carácter vinculante para los Estados firmantes de la segunda. Poniendo énfasis, que bajo ninguna circunstancia, nadie está exento de la prohibición categórica de torturar.

La convención aporta dos nuevos elementos más respeto a la Declaración, que actuarán a modo de garantía de la misma: la primera es que el torturador, podrá ser perseguido en todos los Estados Partes de la Convención, y los presuntos torturadores podrán ser juzgados en el Estado Parte en que se encuentren o ser extraditados al Estado Parte donde delinquieron.

La segunda novedad, es la generación de un dispositivo para realizar una investigación internacional en un Estado Parte, cuando se disponga de buenas razones para suponer que en él se practica la tortura de un modo sistemático, lo que puede efectuarse a través de la visita del Comité contra la Tortura, creado en virtud de la Convención, que reviste una función casi judicial. O también, a través de un Relator Especial, designado por la resolución 1985/XXXIII, para que examine cuestiones relativas a la tortura. La ventaja está en la posibilidad de realizar procedimientos de intervención inmediata, aunque con la desventaja de limitarse a recabar información creíble y fidedigna sobre las medidas legislativas y judiciales que los Estados Partes adoptaron para el cumplimiento de la Convención.

Cabe señalar, además, las siguientes garantías normativas que, entre otras, señalan los artículos 2 y siguientes de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanas o Degradantes:

•  El artículo 2 establece:
1. º. Todo estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción.
2. º. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
3. º. No podrán invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.
• Otra garantía normativa consiste en el reconocimiento por parte de l artículo 4 de la Convención del deber de los Estados firmantes de la misma de tipificar como delitos los actos de tortura, estableciendo la gravedad de la pena en función de la gravedad de los actos cometidos.
• La garantía que implica el deber para los Estados firmantes de tomar las medidas necesarias para establecer una jurisdicción que juzgue y condene los delitos de tortura (artículo 5 de la Convención).
• En el caso de que no se produzca la extradición de la persona que ha cometido actos de tortura, el país en el que se encuentre deberá juzgarla por los hechos cometidos. (Artículo 7 de la Convención).
• Los países signatarios tienen el deber de establecer una educación y una información referente a la prohibición de la tortura respecto de las personas que trabajan en el área policial y de seguridad (artículo 10 de la Convención).
• la obligatoriedad para los países signatarios de la Convención de revisar sistemáticamente sus reglas de interrogatorios y en general las normas aplicables a los detenidos. El artículo 11 de la Convención, establece al respecto:

Cada país firmante de esta Convención revisará sistemáticamente sus reglas de interrogatorio, instrucciones, métodos y prácticas así como providencias para la custodia y tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de detención o encarcelamiento en cualquier territorio bajo su jurisdicción, con vistas a evitar cualquier caso de tortura.
• la creación de una Comisión Contra la Tortura. (Artículos 17 y ss. de la Convención).
• La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró en 1985 un Relator Especial con el encargo específico de investigar cualquier violación de Derechos Humanos en relación con la tortura y la práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes.