El contenido consiste en el ámbito de garantía y protección de los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte. Estas garantías deben establecer normas mínimas para un juicio justo, para el derecho de apelación en casos de pena capital y para el derecho a pedir el indulto.
Especialmente con el derecho a la vida, entendido en sentido estricto como derecho a la existencia, el derecho humano fundamental en cuanto que fundamento de los demás derechos. La práctica de las ejecuciones sumarias y arbitrarias viola todos los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en los demás instrumentos internacionales, regionales y nacionales protectores de los Derechos Humanos.