d' Garantías institucionales no jurisdiccionales

•  Las comunidades autónomas tienen reconocido directamente, en virtud del artículo 148 apartado 9º de la CE, la función de "gestión en materia de protección del medio ambiente."

• Las comunidades autónomas tienen reconocido, indirectamente, la función de gestión en materia de medio ambiente a través de las competencias que el artículo 148 de la CE, en sus apartados 3, 7, 8, 10, 11, 13, 18, y 21 les reconoce en sectores relacionados con el medio ambiente, como son:

 
• La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
 
• La utilización racional de los recursos naturales.
 
• Agricultura y ganadería.
 
• Montes y aprovechamientos forestales.
 
• Aprovechamientos hidráulicos, aguas minerales y termales.
 
• Pesca en aguas interiores, marisqueo y agricultura, caza y pesca fluvial.
 
• Fomento del desarrollo económico.
 
• Promoción y ordenación del turismo, sanidad e higiene.
 
• Las Comunidades autónomas tienen también reconocida la función normativa en materia de medio ambiente, en aplicación del artículo 150, párrafo 1º de la CE,y por el artículo 149 número 23 de la CE. Estos artículos están completado por diversas normas de las comunidades autónomas que lo desarrollan. Así, por ejemplo, el artículo 11 del Estatuto de Autonomía del País Vasco o el artículo 10 del Estatuto de autonomía de Cataluña, que reconocen la competencia de esas comunidades autónomas para el desarrollo legislativo y para la creación de normas adicionales en materia de medio ambiente.

 
• El Defensor del Pueblo.

 
• Las comisiones parlamentarias.

 
• La protección administrativa a través de la acción de policía o control por parte de los órganos de la administración no jurisdiccionales. Esa acción se concreta en:

 
• La licencia o autorización de creación de industrias.
 
• El establecimiento, por vía normativa de carácter reglamentario , de las condiciones mínimas a los que debe ajustarse la actividad de los administrados.
 
• La realización de inspecciones periódicas.
 
• La realización de informes y control de emisiones contaminantes.
 
• El establecimiento de sanciones por infracciones administrativas.
 
• El establecimiento de medidas preventivas por parte de la Hacienda Publica encaminadas a favorecer industrias no contaminantes a través de subvenciones, exenciones, bonificaciones fiscales, vías especiales de crédito, etc... (30)