D16.15.8. NOTAS DEL CAPITULO D16.15

1. COMISION ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS: Argentina: proceso al genocidio, Elías Querejeta, Ediciones, 1ª edición, Madrid, Marzo de 1977. p. 43.
2. BECCARIA, Cesare: De los delitos y de las penas, Alianza Editorial. 3ª edición. Madrid, 1982.
3. La Constitución española de 1812 incorpora una normativa muy peculiar, que se condensa en los siguientes artículos:
• Artículo 4:

La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
• Artículo 172.11:

No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna. El secretario de Despacho que firme la orden, y el juez que la ejecute, serán responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual. Sólo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente.
• Artículo 247:

Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley.
• Artículo 287:

Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca según la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión.
• Artículo 288:

Toda persona deberá obedecer estos mandamientos: cualquiera resistencia será reputada delito grave.
• Artículo 289:

Cuando hubiere resistencia o se temiere la fuga, se podrá usar de la fuerza para asegurar la persona.
• Artículo 290:

El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; mas si esto no pudiere verificarse, se le conducirá a la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las veinticuatro horaS.
• Artículo 291:

La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho propio.
• Artículo 292:

En fraganti todo delincuente puede ser arrestado, y todos pueden arrestarle y conducirle a la presencia del juez: presentado o puesto en custodia, se procederá en todo, como se previene en los dos artículos precedenteS.
• Artículo 293:

Si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide, para que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide a ningún preso en calidad de tal, bajo la más estrecha responsabilidad.
• Artículo 294:

Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción a la cantidad a que ésta pueda extenderse.
• Artículo 295:

No será llevado a la cárcel el que dé fiador en los casos en que la ley no prohíba expresamente que se admita la fianza.
• Artículo 296:

En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza.
• Artículo 299:

El juez y el alcaide que faltaren a lo dispuesto en los artículos precedentes, serán castigados como reos de detención arbitraria, la que será comprendida como delito en el código criminal.
• Artículo 300:

Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su prisión, y el nombre de su acusador, si lo hubiere.
• Artículo 301:

Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por ellos no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quiénes son.
• Artículo 302:

El proceso de allí en adelante será público en el modo y forma que determinen las leyeS.
Un excelente estudio la Constitución de 1812 es el realizado por el profesor A.E. Pérez Luño: Los derechos fundamentales en la Constitución de Cádiz de 1812 en Anuario de derechos Humanos, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Derechos Humanos, Nº 2, Madrid, Marzo de 1983, pp. 349 y sS.
4. Las disposiciones más relevantes de la Constitución española de 1876, en relación a los derechos de los acusados son los siguientes:
• Artículo 4:

Ningún español, ni extranjero, podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención. Toda detención se dejará sin efecto o elevará a prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente. La providencia que se dictare, se notificará al interesado dentro del mismo plazo.
• Artículo 5:

Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente. El auto en que se haya dictado el mandamiento se ratificará o repondrá, oído el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión. Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos en la Constitución y en las leyes, será puesta en libertad a petición suya o de cualquier español. La ley determinará la forma de proceder sumariamente en este caso.
• Artículo 8:

Todo auto de prisión, de registro de morada o de detención de la correspondencia, será motivado.
• Artículo 16:

Ningún español puede ser procesado sino por el Juez o Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito, y en la forma que éstas prescribieran.
5. Otras disposiciones fundamentales de la Constitución chilena de 1925 son los siguientes:
• Artículo 11:

Nadie puede ser condenado si no es juzgado legalmente y en virtud de una Ley promulgada antes del hecho sobre que recae el juicio.
• Artículo 12:

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la Ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.
• Artículo 13:

Nadie puede ser detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la Ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal, a menos de ser sorprendido en delito fragante, y en este caso, para el único objeto de ser conducido ante el juez competente.
• Artículo 14:

Nadie puede ser detenido, sujeto a prisión preventiva o preso sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.
Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de detenido, procesado o preso sin copiar en su registro la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal. Pueden, sin embargo, recibir en el recinto de la prisión, en clase de detenidos, a los que fueron conducidos con el objeto de ser presentados al juez competente; pero con la obligación de dar cuenta a éste dentro de las veinticuatro horaS.
• Artículo 15:

Si la autoridad hiciera detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al detenido.
• Artículo 16:

Todo individuo que se hallare detenido, procesado o preso, con infracción de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, a la Magistratura que señale la Ley, en demanda de que se guarden las formalidades legaleS. Esta Magistratura podrá decretar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.
• Artículo 19:

Afianzada suficientemente la persona o el saneamiento de la acción, en la forma que, según la naturaleza de los casos, determine la Ley, no debe ser detenido ni preso el que no sea responsable de un delito a que la Ley señale una pena aflictiva.
• Artículo 20:

Todo individuo en favor de quien se dictare sentencia absolutoria y se sobreyere definitivamente tendrá derecho a indemnización, en la forma que determina la Ley, por los perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido injustamente.
6. Corte Europea de Derechos Humanos: Affaire König, decision de 23 de Abril de 1977, serie A, num. 27, p. 34.
7. El profesor Antonio García de Pablos considera que "Es necesario renunciar a trasnochados prejuicios y ambiciosas metas -ilícitas e inviables, pienso yo- como las de "terminar con el crimen", "extirpar el delito de la faz de la tierra". Porque la paz de una sociedad sin delincuencia es la paz de los cementerios o de las estadísticas falsas. Hemos de acostumbrarnos, poco a poco, a tolerar y asumir una dosis mayor de comportamientos desviados del consenso general, construyendo una sociedad más libre, racional y tolerante. El crimen es la "otra cara" de la convivencia "social". Por ello, acompañará indefectiblemente al ser humano y a cualquier estructura social". GARCIA DE PABLOS DE MOLINA, Antonio: Manual de criminología. Introducción y teorías de la criminalidad, Espasa Universidad. Madrid, 1988, p. 693.
8. GARCIA DE PABLOS DE MOLINA, A.: Obra citada..., p. 694.