A. Origen y evolución histórica

Ningún hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de sus derechos ni posesiones, ni declarado fuera de la ley ni exilado, ni perjudicada su posición de cualquier otra forma, ni Nos procederemos con fuerza contra él, ni mandaremos a otros hacerlo, a no ser por un juicio legal de sus iguales o por la ley del país.

Por su parte, el artículo 20 de la misma Carta establece el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena:

Por un delito leve un hombre libre sólo será castigado en proporción al grado del delito, y por un delito grave también en la proporción correspondiente, pero no hasta el punto de privarle de su subsistencia. De igual modo, un comerciante tendrá exenta su mercancía y un campesino sus aperos de labranza si quedan a merced de una corte real. Ninguno de estos castigos se impondrá si no es fijado bajo juramento por hombres honrados de la vecindad.

El tercer texto de la historia constitucional inglesa, promulgado en 1688 a raíz de la revolución del mismo año, que depuso a Jacobo II, es el "Bill of rights" o Declaración de derechos. Entre ellos está uno que va a reiterarse en la tradición anglosajona:

Que no deben ser exigidas fianzas excesivas ni impuestas multas excesivas ni infligidas penas crueles o anormales.

Los ilustrados van a reflexionar ampliamente sobre las garantías en juicio. Las concepciones de autores, como C. Beccaria, se van a plasmar en las declaraciones francesas (2):

• La Declaración francesa de 1789 tiene tres artículos fundamentales que hacen referencia a los derechos de los acusados:
• El artículo 7º dice:

Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino en los casos determinados por la Ley y según las formas prescritas en ella. Los que solicitan, facilitan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o requerido en virtud de lo establecido en la Ley debe obedecer inmediatamente: se hace culpable por la resistencia.
• El artículo 8º concreta unos principios que se han hecho clásicos en el Derecho penal contemporáneo: los principios de necesidad, legalidad e irretroactividad de las penas:

La Ley no debe establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una Ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada.
• El artículo 9º incorpora la presunción de inocencia y un principio que va a ser fecundo en la protección de los presos:

Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se juzga indispensable su detención, la Ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona.
• La Declaración francesa de 1793 establece una serie de preceptos que son referibles a los derechos de los acusados. Esos preceptos son los establecidos en os artículos 10, 13, 14 y 15:
• El artículo 10 establece:

Nadie debe ser acusado, detenido o encarcelado sino en los casos determinados por la Ley y según las formas en ella prescritas. Todo ciudadano llamado o requerido por la autoridad de la Ley debe obedecer inmediatamente: se hace culpable por la resistencia.
• Los artículos 13 y 14 regulan la presunción de inocencia y el derecho de audiencia, imprescindibles para la defensa del acusado:

Artículo 13:
Todo hombre, siendo presumido inocente hasta que sea declarado culpable, si se juzga indispensable su detención, la Ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona.
Artículo 14:
Nadie puede ser juzgado y castigado sino después de haber sido oído o legalmente demandado y en virtud de una Ley promulgada con anterioridad al delito. La Ley que castigase delitos cometidos antes de su existencia sería una tiranía; el efecto retroactivo dado a la Ley sería un delito.
• El artículo 15 añade al principio de necesidad de la pena el de proporcionalidad entre el delito y la pena:

La Ley no debe establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias: las penas deben ser proporcionadas al delito y útiles a la sociedad.
También figuran estos derechos en las declaraciones angloamericanas de derechos humanos:
• La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia reconoce, continuando la línea tradicional del derecho anglosajón, varios derechos:
• El artículo VIII reconoce el derecho del acusado a conocer la acusación, a defenderse pidiendo prueba y careándose con los acusadores y testigos, a ser juzgado rápidamente por un jurado imparcial, a no ser obligado a testificar contra sí mismo y a no ser privado de su libertad salvo por mandato de la ley o por juicio de sus iguales:

Que en todo proceso criminal, inclusive aquellos en que se pide la pena capital, el acusado tiene derecho a saber la causa y naturaleza de la acusación, a ser careado con sus acusadores y testigos, a pedir pruebas a su favor y a ser juzgado rápidamente por un jurado imparcial de doce hombres de su vecindad, sin cuyo consentimiento unánime no podrá considerarsele culpable; tampoco podrá obligársele a testificar contra sí mismo; que nadie sea privado de su libertad, salvo por mandato de la ley del país o por juicio de sus iguales.
• El artículo IX. establece:

No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas excesivas ni se infligirán castigos crueles o inusitados.
• El artículo X. establece:

Que los autos judiciales generales en los que se mande a un funcionario o alguacil el registro de hogares sospechosos, sin pruebas de un hecho cometido, o la detención de una persona o personas sin identificarlas por sus nombres, o cuyo delito no se especifique claramente y no se demuestre con pruebas, son crueles y opresores y no deben ser concedidos.
• La Constitución de EE.UU. amplía lo regulado en la Declaración de Virginia y añade en las enmiendas 5ª , 6ª, 8ª y 14ª los siguientes derechos:
• En la 5ª Enmienda se reconoce la cláusula del due process of Law:

Nadie podrá ser obligado a responder de un delito que lleve consigo pena capital o infamante sino por denuncia o veredicto de un gran Jurado, como no se trate de delitos cometidos en las fuerzas de mar y tierra o en la milicia en servicio activo, en tiempo de guerra o de peligro público; nadie podrá ser sometido por un mismo hecho a un segundo juicio, que pueda ocasionarle pérdida de la vida o de alguno de sus miembros; no podrá obligarse a nadie a que en causa criminal declare contra sí mismo, ni a perder la vida, la libertad ni la propiedad sin procedimiento legalmente establecido; nadie será expropiado sin la debida indemnización, y siempre por razón de utilidad pública.
• En la 6ª enmienda se establece:

En toda causa criminal tendrá el acusado derecho a que se le juzgue pronto y públicamente, por un jurado imparcial del Estado y del distrito en que se haya cometido el delito, distrito que de antemano determinarán las leyes; a que se le haga saber la naturaleza y la causa de la acusación: a que se le caree con los testigos que contra él depongan; a que se le concedan medios para hacer comparecer a los testigos de descargo, y a tener la asistencia de un abogado para su defensa.
• En la 8ª enmienda se establece:

No se podrán exigir ni fianzas ni multas excesivas. No se podrán imponer castigos crueles ni inusitados.
• En la 14ª enmienda se recoge el derecho a la asistencia de un abogado y la necesidad de un proceso legal para privar a cualquier persona de su vida, su libertad o su propiedad:

...Tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.

• Artículo 28:

Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpretación. Nadie será juzgado sino por Juez competente y conforme a los trámites legales.
• Artículo 29:

Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención. Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al Juez competente. La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del mismo plazo. Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de este artículo y los agentes y funcionarios que las ejecuten, con evidencia de su ilegalidad. La acción para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de prestar fianza ni caución de ningún género.