En épocas antiguas la comunidad política quedaba limitada a la comunidad ciudadana o a la religiosa.
Los romanos, al extender territorialmente el imperio, distinguían los realmente extranjeros de aquellos que vivían en el Imperio. Estos podían ser ciudadanos romanos, latinos o peregrinos; cada uno de ellos tenía un estatuto jurídico diferente.
En la Edad Media europea el concepto de extranjero es muy impreciso por la multitud de instancias de poder y de legislación particular de señoríos y ciudades, propias del feudalismo.
La delimitación clara del extranjero se va a producir con la implantación del Estado como forma de organización del poder político, primero en Europa y posteriormente en todo el mundo.
Actualmente, en el orden internacional se aprecian claramente la configuración de Estados que fijan sus fronteras y determinan quienes son sus nacionales y, por exclusión, los extranjeros.
Los derechos civiles de los extranjeros han variado en los países atendiendo bien al principio de la igualdad, por el que se equiparan a los nacionales, bien al principio de reciprocidad, por el que los derechos se condicionan a su realización en el otro(2).
Respecto a los Derechos Humanos, habitualmente se ha considerado que la Declaración francesa, al titularse "Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano" recoge los derechos que tiene la persona en cuanto persona y en cuanto nacional de un país. Los derechos del nacional son los que se atribuyen al ciudadano y los demás corresponden a todos, nacionales y extranjeros. Desde este punto de vista el extranjero es titular de la práctica totalidad de los derechos con excepción del de sufragio y el de establecer los impuestos. No siempre, sin embargo, se han usado los términos con gran precisión. La Constitución mejicana de 1917, por ejemplo, recoge como prerrogativas del ciudadano mejicano los derechos políticos y la defensa de la República.