Originariamente se crearon como remedio y barrera frente a las extralimitaciones de los órganos del Estado, que son las que suelen afectar en mayor medida los derechos fundamentales de los gobernados.
En la actualidad, sin embargo, tienden a abrirse paso, frente a actuaciones ilegales de organismos públicos descentralizados y de grupos económicos sociales y profesionales.(1)